Los sindicatos imponen sus reglas en la privatización de TAP

El Gobierno de Portugal ha aprobado, por segunda vez, privatizar la línea aérea de bandera TAP, aunque en esta ocasión el propietario no podrá plantear despidos colectivos ni externalizar servicios de mantenimiento.

En 2012, el Gobierno intentó privatizar el 100% de la compañía, pero solo se presentó una candidatura, la del colombiano Gérman Efromovich, que fue rechazada. Según el secretario de Transportes, Sérgio Monteiro, ahora las circunstancias son mejores que entonces. “El sector aéreo está mejor; el país, también, con cifras récord de turistas y pasajeros, y también la misma compañía ha presentado un buen ejercicio”.

Aunque no quiso dar nombres, al menos hay cuatro ofertas, propagadas por los mismos interesados: el consorcio liderado por Miguel Pais do Amaral -presidente de Mediacapital, propiedad de PRISA-, el grupo español Globalia, la compañía aérea de Brasil Azul y Efromovich, dueño de Avianca, entre otros negocios. “Los interesados son heterogéneos”, dijo Monteiro, “tanto por los sectores que representan como los proyectos que tienen para el futuro de TAP, lo que indica la riqueza de ideas para mejorar la compañía”.

El Gobierno, según Monteiro, no aspira a hacer caja con la venta, que de momento solo será del 66% de la compañía -el resto se privatizará en un máximo de dos años. “La intención es asegurar el futuro de TAP, por lo que la inyección de capital o de activos será un elemento fundamental a la hora de adjudicación”.

Monteiro se negó a dar una cifra aproximadad de venta, a la espera de la evaluación de las auditoras de Deloitte y PwH, "que acabarán en estas semanas, pero que no se harán públicas".

Los candidatos a la compra se van a encontrar con un pacto firmado por el Gobierno y nueve sindicatos -aprobado en Consejo de Ministros- por el que se impide al adjudicatario que haga despidos colectivos mientras haya capital público en la empresa, y le obliga a respetar los actuales derechos laborales, seguros y pensiones. Tampoco podrán externalizar servicios de aviación y mantenimiento. Monteiro no cree que este acuerdo perjudique la venta o desvalorice la empresa, “pues se garantiza la paz social”. Durante la Navidad, los sindicatos convocaron cinco días de huelga, que solo desconvocaron una vez conseguido el acuerdo, que ahora se ha hecho público. Este acuerdo solo se aplica a los asociados a esos sindicatos, el 30% del total de TAP.

Todos los partidos de la oposición se han mostrado contrarios a la privatización, al igual que los trabajadores de la compañía, que han firmado una carta dirigida a los parlamentarios. El Partido Socialista critica que el proceso implique al futuro Gobierno, que saldrá de las urnas en el próximo mes de noviembre.