El coste legal del caso Madoff supera los 1.000 millones de dólares

Hace casi seis años que Bernard Madoff desveló a sus dos hijos que la fortuna de la que disfrutaban era fruto de un fraude masivo y que iba a colapsar como un castillo de naipes. Esta misma semana se conoció que se recuperaron ya 10.000 millones de dólares para compensar a los miles de estafados por la mayor trama piramidal de la historia de Wall Street. Pero este proceso tiene un coste multimillonario. La factura legal equivale al 10% de ese dinero.

A fecha de hoy, se recuperó el 60% del principal que perdieron los inversores que confiaron su dinero a Madoff. Pero el coste de liquidar el fondo y de devolver a los estafados la cantidad que depositaron alcanzó ya los 1.000 millones de dólares. Al frente del proceso está Irving Picard, el abogado neoyorquino designado por el juez para seguir el rastro del dinero que gestionó la firma. El detalle de sus servicios se acaba de publicar en su portal.

Madoff fue arrestado en diciembre de 2008 y cumple una condena de 150 años de prisión. Su hijo Mark, el mayor, se suicidó coincidiendo con el segundo aniversario del fraude. El más joven, Andrew, falleció el pasado septiembre tras una larga lucha contra el cáncer. La factura de Picard corre a cargo de la Security Investor Protection Corporation, una especie de cesta a la que contribuye la industria financiera para hacer frente a este tipo de casos.

El magistrado que supervisa el proceso de desmantelamiento de la firma financiera que llevaba el apellido de los Madoff debe dar su aprobado a la factura legal. Es un proceso al que no suele poner pegas, pese a que los estafados se oponen. El fraude, que se fue gestando durante cuatro décadas, provocó pérdidas probadas de 17.500 millones. Eso sin contar con la ganancia ficticia que aparecía en las cuentas. De momento se restituyeron 6.000 millones.

El resto de la cantidad recuperada por Picard no se puede liberar mientras sigan en curso las apelaciones de los clientes de Madoff que sacaron tajada de su trama. En su defensa argumentan que no estaban al corriente de lo que hacía el gestor, pese a que algunos de ellos lograron retirar su dinero a tiempo. El objetivo del interventor es recuperar la cantidad total, por lo que la factura legal podría aún doblarse si lo consigue.