La Administración refuerza la seguridad para frenar las agresiones a funcionarios

La Administración va a reforzar la seguridad de los funcionarios que ocupan puestos de atención al público tras el aumento de las agresiones que han sufrido a lo largo de la crisis. Entre las medidas que se van a poner en marcha, según recoge un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Hacienda, se van a instalar mamparas de protección, mostradores más anchos, timbres de alarma, sistemas de detección o más cámaras, entre otras.

El protocolo recoge las conclusiones de una experiencia piloto llevada a cabo en las oficinas de empleo y el objetivo es extenderlo al conjunto de las Administraciones Públicas.

Las áreas con más conflictos son las relacionadas con prestaciones o embargos

Hacienda recuerda en el borrador del protocolo que a lo largo de 2013 “se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo”. El Gobierno también pondrá en marcha un registro de agresiones, ya que sospechan que el número real de incidentes es muy superior a las denuncias realizadas, en algunos casos porque no se sienten respaldados ni social ni jurídicamente.

El sindicato CSI-F, que ha trabajado junto a la Administración para elaborar este protocolo, atribuye el repunte a las consecuencias de “una crisis prolongada” en los ciudadanos. El paro, la falta de ingresos y el aumento de las dificultades económicas y sociales han elevado el grado de tensión de los usuarios de los servicios públicos, que a veces pagan sus problemas con los funcionarios. Las áreas donde se han detectado un mayor número de incidentes violentos son las de atención al público relacionadas con las prestaciones o embargos.

Las agresiones más frecuentes que sufren los funcionarios son los abusos verbales y las amenazas. Junto a estas, también padecen agresiones físicas, como golpes o empujones. El documento recuerda, en este sentido, que los “delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios, reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal”.

Para prevenir las agresiones, el protocolo aboga por llevar a cabo simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos. También prevé actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

CSI-F, que relaciona el aumento de los incidentes con lo que cree una campaña de desprestigio contra los funcionarios, pide que también se incluyan en el registro las agresiones gestuales y las grabaciones con el móvil a estos trabajadores. Un portavoz destaca que la iniciativa permite “dar visibilidad a situaciones que, en demasiadas ocasiones, se sufren con resignación por miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada”.