Unos 2,6 millones de parados de larga duración carecen de prestaciones

Cuando el Gobierno, los sindicatos y los empresarios se sienten a la vuelta del verano a negociar los detalles de la nueva ayuda a parados de larga duración comprometida, habrá casi 2,6 millones de ellos que prestarán una atención especial. Es el número de desempleados que lleva un año o más sin trabajo y, además, no percibe ningún tipo de prestación o subsidios del Ministerio de Empleo, según los microdatos de la encuesta de población activa (EPA) facilitados a investigadores y recopilados por la Fundación 1º de Mayo, centro de estudios del sindicato CC OO.

De los 5,6 millones de parados computados en la EPA, apenas 1,8 millones perciben ayudas del Ministerio de Empleo, según el estudio de la Fundación 1º de Mayo, que parte de una pregunta formulada en la encuesta de población activa, en la que se interroga al encuestado si percibe algún tipo de ayuda por desempleo.

Las cifras del ministerio elevan el número de beneficiarios a 2.487.956 en mayo, último mes con datos disponibles. Estos números proceden del registro de las oficinas públicas de empleo. La diferencia se debe a que hay muchas prestaciones que no las cobran parados propiamente dichos. Entre los beneficiarios oficiales hay los prejubilados que cobran prestaciones, también figuran los afectados por regulaciones de empleo con reducciones de jornada o contratos suspendidos y los ocupados a tiempo parcial que, si tienen derecho, optan a una prestación parcial por el resto de la jornada que no trabajan para poder completar el sueldo. Ninguno de estos colectivos son considerados parados en la EPA.

Pilar Ruiz forma parte del amplio grupo de parados de larga duración que sufre la crisis con toda su crudeza. “Los 10 euros que ahora tengo son todo lo que queda de unas flores que vendí”, cuenta con un tono juvenil esta licenciada en Bellas Artes, de 58 años, que vive en Cornellà (Barcelona) y subsiste como puede vendiendo cuadros que le encargan. “Pinto muy bien”, reivindica. Perdió su trabajo como administrativa en 2009. Desde entonces ha cobrado la prestación contributiva y la renta activa de inserción (426 euros al mes), un subsidio para parados en peor situación. Pero dejó de percibirla en marzo; olvidó firmar el control y la perdió. Sus hermanos cargan con la hipoteca para que no pierda el piso.

El hogar unipersonal de Pilar, que pasará a tener dos miembros cuando su hijo regrese de Estados Unidos (“también sin trabajo”), forma parte de esos 740.000 hogares sin ingresos que revelaba la última encuesta de población activa. Otro de esos datos que muestra la dureza de una crisis que España comienza a superar pero todavía tiene muchas heridas abiertas.

Todos estos números serán los que tendrán sobre la mesa las tres partes en septiembre cuando negocien la nueva ayuda. Habrá más. El compromiso que alcanzaron el Gobierno, UGT, CC OO, CEOE y Cepyme el pasado martes también contiene la elaboración de un “mapa completo de prestaciones sociales” en el que se tendrán en cuenta los salarios sociales autonómicos, una jungla de ayudas dispares en cantidad y criterios que en 2011 prestó cobertura a más de 554.000 personas en una grave situación, según un estudio de CC OO.

Esa ayuda es la que está esperando Juan Carlos Mellado, un desempleado de 59 años de Aldaia (Valencia), que no ha vuelto a trabajar desde que perdió su último trabajo en 2009. Cobró la prestación y el subsidio, lo perdió hace tres meses y ya no tiene ingresos. “He ido a los servicios sociales a pedir el salario social, pero hasta septiembre no se reúne la comisión que los da”, lamenta Mellado. “Nos echa una mano mi madre, que tiene una pensión no contributiva”. Él, que ha visto como su compañera ha perdido su piso y ha tenido que renunciar a la custodia de sus hijas, no se resigna y es un activo miembro de una asociación de desempleados valenciana y el presidente de la coordinadora estatal.

Al teléfono, Mellado cuando escucha la cifra de 2,6 millones de parados sin prestación ni ayudas, se lamenta: “Eso es una barbaridad”.

En el documento pactado el martes por los sindicatos, la patronal y el Gobierno se apunta a la nueva ayuda para este colectivo como la primera medida a negociar. Se señala un plazo, octubre, e incluso la ministra de Empleo, Fátima Báñez, admitió que el dinero no sería un problema. “No tengan ninguna duda de que habrá recursos suficientes”, afirmó contundente, en lo que es todo un volantazo a la política de recortes en prestaciones y ayudas seguidas hasta ahora por el Ejecutivo.

No obstante, en las conversaciones preliminares de la negociación que comenzará a la vuelta de las vacaciones, ya se apreció dónde va a estar el caballo de batalla. Y está precisamente en los recursos y la cantidad de potenciales beneficiarios de la medida. En los borradores de la declaración final, el Ejecutivo proponía a los sindicatos —organizaciones que llevan meses clamando por esta medida— una “reconfiguración del plan Prepara”.

Tanto UGT como CC OO rechazaron esta propuesta por corta, y advirtieron al Gobierno de que si no mejoraba su propuesta no estaban dispuestos a pacto preliminar alguno. Empleo cambió su posición, pero no parece fácil que al final acepte crear una ayuda que pueda beneficiar a unos 500.000 parados y requiera unos 2.500 millones al año, el colectivo y el dinero apuntado por las centrales como el paso más urgente para amortiguar las heridas de una crisis que España apenas empieza a superar.