“Yo comparto, ellos multan”

“Oye y cuando se quede un amigo a dormir en casa, ¿tengo que tener licencia de hotel? ¿Y carné de manipulador de alimentos?”. “En breve, multas a los usuarios de abanicos por competencia desleal con los aires acondicionados”. “Yo comparto, tú compartes, ellos multan”. Estos son algunos de los tuits que el pasado martes provocó un anuncio del Gobierno: “Fomento recuerda que es necesaria autorización para el transporte de viajeros en turismos por cuenta ajena mediante retribución económica”. Usuarios de las webs para compartir coche, que utilizan más de 10 millones de europeos, atemorizados por las posibles represalias económicas, inundaron las redes sociales de juramentos sobre el Gobierno y llantos por sus maltrechos bolsillos.

Pero el anuncio del Ministerio de Ana Pastor no tenía como destinatarios las plataformas de viaje en coche compartido, un concepto nacido en la Alemania de posguerra ante la escasez de recursos económicos y de vehículos. Su objetivo era la aplicación Uber, un nuevo sistema para moverse por la ciudad alternativo al taxi. A través de internet, conductores particulares se registran con sus vehículos para ofrecer sus servicios como taxistas. Desde la aplicación los viajeros solicitan el coche y consultan las tarifas del trayecto. El pago es inmediato, con tarjeta de crédito y a través de la web, que se queda un 20%. Su desembarco en España se ha producido solo en Barcelona, pero las protestas han unido al sector nacional del transporte. En la ciudad realizar un trayecto de 15 minutos en taxi cuesta unos 16 euros. Uber permite hacerlo por 9.

Las webs de compartir coche se desvinculan de las prácticas de Uber

Los planes de los profesionales del volante y de la propia Generalitat para frenar a la compañía han tenido como consecuencia el llamado efecto Streisand — un recordatorio del incidente en el que la actriz estadounidense popularizó una foto de su casa cuando pretendía censurarla— : las protestas para prohibirla no han hecho sino aumentar la popularidad de la App cuyo número de descargas llegó a multiplicarse hasta nueve veces en ciudades como Londres. José Luis Pertierra, director de la Federación Nacional de Autobuses, explica que lo que reivindican es “la regulación” de estas actividades y pide “una respuesta por parte de la Administración”.

Algunas de las grandes compañías de economía compartida, incluso las que incluyen servicios de taxi, se han querido alejar de las prácticas de Uber, presente en más de 70 ciudades, con comunicados en sus páginas. Una de ellas es Joinup Taxi, que se ha implantado con éxito en Barcelona, además de en otras ciudades, y que permite compartir taxis públicos con otros viajeros. En su nota acusaba a Uber de “facilitar la economía sumergida”. Cabify, otra start up española que opera con chóferes privados y flotas de taxis, un sistema más similar al de la polémica App, se mostraba cautelosa y aclaraba que “no se dedica al consumo colaborativo”, pero que no está “en contra de este concepto”.

La compañía se queda con un 20% del precio del trayecto

El control de estos servicios depende del Gobierno en coordinación con las comunidades autónomas. Fomento tranquiliza a los usuarios y detalla que, además de las auditorías a las empresas, las inspecciones a conductores o viajeros solo se efectúan como “consecuencia de denuncias”. Si bien, hay personas como Sergio, nombre ficticio, que aprovechan las tecnologías para ganar dinero, aunque él asegura que “no es mucho”. No quiere revelar su identidad porque si lo hiciera se le acabaría “el negocio”. Cada viernes conduce un coche de siete plazas que sale de Madrid con destino al norte de España. Detrás de él, tres vehículos más realizan la misma ruta. Todos son de su propiedad. Hace tres años comenzó anunciándose en una plataforma digital para compartir coche y fue entonces cuando vio la oportunidad. Cada fin de semana transporta a una media de 30 personas. La mayoría realiza el trayecto de ida y vuelta, que cuesta 50 euros. Si se desplazaran en autobús, la opción más económica, les saldría por 77 euros. “No somos los únicos. Hay rutas fijas a Barcelona y a Valencia”, justifica uno de los pasajeros habituales.

La abogada especialista en regulación y competencia Rosa Guirado explica la dificultad de delimitar la legalidad de estos sistemas. La experta recuerda que el concepto de compartir coche ya existía en 1995 y cita una orden ministerial sobre los conocidos como Bus VAO, carriles de alta ocupación. En ella, el entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, aludía a los “vehículos compartidos” como medida organizativa para paliar “el incremento en los volúmenes del tráfico”. Sin ir tan lejos, el pasado abril la Comunidad de Madrid hablaba del coche compartido como una “alternativa eficiente” al tráfico.

La Ley de Transporte (LOTT) recoge tanto la regulación del servicio público como la del privado. La cuestión es discernir qué tipo ofrece Uber. “Para poder afirmar su legalidad, sería necesario confirmar que el desplazamiento del usuario coincida con el del titular del vehículo, que aprovecha el recorrido; que el importe pagado al transportista tenga por único fin compartir gastos y que la comisión del 20% de la plataforma se justifique como un gasto de gestión necesario para el transporte". Estos gastos se pagan habitualmente en la venta online y su importe oscila entre el 10 y el 20%. La experta aclara que “en este caso, sería preciso subrayar su relación directa con el transporte”.

Estos preceptos están fijados en la LOTT, pero además hay que atender a otras dos leyes: la de Competencia Desleal y la de Defensa de la Competencia. “El tribunal Supremo ha reiterado en su jurisprudencia que toda competencia es incómoda, pero no por ello contraria a la ley”, además añade, “habría que valorar si lo que proponen los taxistas es ilegal, al suponer cerrar el mercado del transporte de automóviles únicamente a los de servicio público”.