La Audiencia investiga un posible fraude de Bancaja en el Caribe

Las relaciones de la cúpula de Bankia (formada mayoritariamente por ejecutivos de Caja Madrid) con los responsables de Bancaja nunca fueron fluidas. Siempre existió la sospecha de que los activos de la entidad financiera valenciana, presidida por José Luis Olivas, acumulaban más morosidad de lo que afirmaban sus cuentas, pero lo que ahora se ha conocido va más allá para entrar en temas penales.

El juez Javier Gómez Bermúdez rechazó el 24 de enero su competencia para investigarla un presunto fraude denunciado por Bankia Habitat. Se trata de operaciones de financiación de Bancaja y Banco de Valencia al Grupo Grand Coral, ubicado en el Caribe y Baja California (México), que tenía fines inmobiliarios y hosteleros. Los gestores de esta sociedad, describe la Audiencia, han causado supuestamente un quebranto a Bankia de 339 millones. Estas cifras convierten este caso en uno de los más graves que ha encontrado la actual dirección de Bankia.

Ante la negativa del juez, la Fiscalía Anticorrupción y Bankia recurrieron la decisión de Bermúdez. Este lunes, la Sala cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional echó por tierra los argumentos de Bermúdez y se declaró competente para investigar el caso.

El texto del auto es severo y afirma: “Compartimos el criterio del Ministerio Fiscal y de Bankia Habitat”, ya que

El tribunal considera que se utilizó "el dinero de los ahorradores con fines espurios"

“dichos presuntos delitos, han constituido parte –presuntamente— de una operativa que, en definitiva, ha conllevado el quebranto de Bankia, y la necesaria obligada intervención de los poderes públicos en orden al saneamiento de las entidades resultantes de la fusión de cajas de ahorros, en las que participaron las denunciadas, en aras a la protección de los pequeños ahorradores, siendo, precisamente, estos ahorros los que habrían permitido, a nivel de presunciones, los indebidos manejos de fondos de Bancaja”.

Por todo ello, concluye que “los intereses generales se pudieron haber visto afectados, por haberse utilizado —presuntamente— el dinero de los ahorradores con fines espurios; y además, partiendo del indiscutible estado de desastre económico de la entidad bancaria, porque el Estado ha tenido que desembolsar fondos públicos para hacer frente a tan indeseable situación”.

Según relatan los magistrados, que citan un informe de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), “el riesgo total asumido por Bankia como financiación concedida al Grupo Grand Coral asciende a 597,24 millones de dólares, de los que ha devuelto 134,12 millones de dólares”. Por lo tanto, el riesgo vivo que tiene Bankia asciende a 467,17 millones de dólares (más de 339 millones de euros), ya provisionado por Bankia.

Por otro lado, la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri Bankia ha iniciado los trámites para emitir deuda subordinada entre inversores institucionales.