Sindicatos opositores desafían a Cristina Fernández y paralizan Argentina

Los sindicatos opositores paralizaron hoy Argentina con una huelga general que bloqueó el transporte y constituyó una demostración de fuerza frente al Gobierno de Cristina Fernández, abocado a frenar la inflación e inmerso en una senda de ajustes que alimenta el descontento social.

Más de un millón de trabajadores, según las cifras facilitadas por el ala opositora de la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal convocante al paro, se han adherido a la huelga, convocada contra el "ajuste, la inflación y la inseguridad".

Organizada por tres centrales sindicales argentinas opositoras, la protesta logró paralizar aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte urbano y suburbano, así como los servicios de recogida de basuras y abastecimiento de combustible.

Piquetes apostados en los principales accesos a Buenos Aires bloquearon el paso a los automóviles y protagonizaron los únicos incidentes de la jornada, que se saldaron con seis detenidos y un herido leve en enfrentamientos con la policía en la carretera panamericana.

La segunda huelga general que afronta Cristina Fernández ha sido convocada por el ala opositora de la CGT, encabezada por Hugo Moyano, cabeza del poderoso sindicato de camioneros, que pasó de ser un férreo aliado del Gobierno a un acérrimo rival.

Los gremios exigen subidas salariales por encima del 40 % para evitar una pérdida del poder adquisitivo y un aumento del tope salarial exento del pago del impuesto a las ganancias, que pesa sobre los trabajadores que ganan más de 15.000 pesos mensuales (1.875 dólares).

La protesta coincide con una delicada coyuntura económica en el país, con una inflación superior al 30 % -la segunda más alta de América Latina, detrás de Venezuela-, y una estrategia de recortes a los subsidios que en la práctica constituye un "tarifazo" en servicios básicos como el gas o la electricidad, tras una devaluación del 20 % del peso argentino frente al dólar.

"Es un mensaje que el Gobierno tiene que tomar en cuenta", dijo Moyano, que subrayó que este "paro extraordinario" ha permitido a la sociedad expresar su "disconformidad" con las políticas del Gobierno.

"Señora presidenta, presten atención a este mensaje de la gente, hay que dejar la soberbia y el maltrato permanente", insistió el dirigente sindical para quien el Gobierno de Fernández debe "dar respuesta a los reclamos de la gente, la inseguridad, la inflación, la devaluación, el tope en la negociación salarial".

"Espero que la inteligencia del Gobierno le alcance para entender este mensaje y comenzar a dar respuesta a estos reclamos", concluyó.

Mientras la mandataria optó por mantener silencio sobre la protesta y mantuvo su actividad oficial en la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital, el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, denunció que los convocantes "pretenden sitiar los grandes centros urbanos" con "un gran piquete nacional", en referencia a los 40 cortes y bloqueos de calles y rutas establecidos en todo el país.

"Esa es una metodología a la vieja usanza del medievo. En la Edad Media los señores feudales impedían el acceso a la población", afirmó Capitanich.

Desde el oficialismo, además, se denuncia el trasfondo político de la protesta y se asocia a uno de los dirigentes sindicales convocantes, Luis Barrionuevo, con el opositor Sergio Massa, exjefe de Gabinete de Fernández y ahora contrincante político con aspiraciones presidenciales.

Legisladores oficialistas suscribieron un comunicado en el que denunciaron que la protesta "beneficia únicamente a las grandes corporaciones" contrarias al proyecto que lidera Fernández y apuntaron que "hay derecho de huelga, pero no de chantaje ni de extorsión".

Aunque Cristina Fernández no tuvo ninguna huelga general en su contra durante su primer mandato (2007-2011), en su segunda y última etapa al frente de la Casa Rosada ha aumentado sensiblemente la conflictividad.

En noviembre de 2012, los sindicatos, encabezados por Moyano, convocaron la primera huelga general contra el Gobierno de Fernández, que a finales del pasado año vio como se multiplicaron las protestas con un paro inédito en la policía y que ha tenido que mediar también en el conflicto docente que ha retrasado el inicio del curso escolar para más de tres millones de alumnos.