Las Administraciones ajustan el déficit con un aumento de los ingresos en 2013

La salud de las cuentas públicas depende de la fortaleza de la economía y el vigor de esta depende, en buena medida, de las vitaminas que le recete el Gobierno. Si el Ejecutivo decide adelgazar, la economía se resiente; pero si, por el contrario, apuesta por favorecer la actividad, la economía se pone en marcha.

“No hubiera sido posible el cambio del ciclo económico que vivimos si hubiéramos hecho la misma política presupuestaria que en 2012”, admitió este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presentar los datos detallados de las cuentas públicas de 2013, donde agregó: “Si hubiéramos hecho lo mismo que en 2012 hubiéramos provocado más recesión económica y no hubiéramos vuelto al crecimiento económico”. Entonces, el Gobierno del que forma parte Montoro lideró una drástica reducción del gasto público de casi 20.000 millones. El ministro reconoció implícitamente los efectos perversos de los recortes sobre la economía que su propio Gobierno había impulsado. Por eso, en 2013 tras comprobar las secuelas de las políticas de austeridad aflojó el ritmo de los ajustes tras lograr el beneplácito de la Comisión Europea.

En 2013, el gasto total de todas las Administraciones públicas fue de 454.005 millones de euros —sin incluir las ayudas a la banca—, lo que supone un aumento de 1.027 millones sobre 2012 a pesar de los recortes sufridos en sanidad y educación. Por su parte, los ingresos cosechados el año pasado por la Administración central, comunidades, Seguridad Social y Ayuntamientos ascendieron a 386.250 millones, lo que representa 3.664 millones más que el año anterior.

La diferencia entre gastos e ingresos —el déficit público— fue el año pasado de 67.755 millones, correspondientes al 6,62% del PIB frente al 6,84% registrado en 2012. El ajuste de apenas 3.000 millones se produjo básicamente por la subida de los ingresos públicos. “La consolidación fiscal se está produciendo por la mejora de los ingresos mientras que los gastos se mantienen contenidos”, admitió Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos. Sin tener en cuenta la caída de la recaudación de la Seguridad Social, el aumento de ingresos hubiera sido de más de 7.000 millones de euros.

El Ejecutivo insiste en que el dato definitivo de déficit —se conocerán en septiembre tras ajustar el PIB— terminará por debajo del 6,5% como encomendó Bruselas, pero lo cierto es que la Comisión ya había flexibilizado el camino a España. De hecho, los Presupuestos Generales de 2013 fueron elaborados con una meta de déficit del 4,5%.

La subida de impuestos del año pasado —los Ayuntamientos aumentaron el IBI, las comunidades aprobaron hasta 60 cambios normativos y el Gobierno central impulsó subidas en impuestos de sociedades y medioambientales— no solo evitaron una caída de la recaudación, lastrada por la recesión, sino que logró aumentarla. La Agencia Tributaria calcula que las medidas fiscales aprobadas por el Ejecutivo aportaron 11.987 millones extras a las arcas públicas en 2013. Hacienda, también, considera que la mejora de la economía en el último trimestre —creció un 0,2% tras varios trimestres en números rojos— contribuyó a azuzar los ingresos públicos y a expandir las bases imponibles.

La mejora de los ingresos también explica el buen dato de cierre de los Ayuntamientos. Presentaron un superávit del 0,41% y fueron decisivos para limitar el déficit del conjunto de las Administraciones. Los Ayuntamientos obtuvieron 1.210 millones más entre la subida del IBI y el aumento de transferencias del Estado. Por su parte, las cifras de las comunidades autónomas  están afectadas por los efectos de la liquidación del sistema de financiación. Aunque incumplieron globalmente el objetivo de déficit –cerraron con una desviación del 1,54%—, lograron reducir los números rojos en más de 3.000 millones sobre el año pasado, la misma cantidad en que se redujo el déficit de todas Administraciones públicas. Solo la Comunidad Valenciana logró un ajuste de 1.500 millones y Cataluña, de 527 millones. A pesar de ello, estas dos comunidades, junto a Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, suspenden en la tarea de controlar el déficit.

Hacienda, por su parte, argumenta que también recortó el gasto. Para sostener su tesis excluye los gastos afectados por el ciclo económico como los costes por intereses –alcanzaron los 35.096 millones, 3.500 más que el año anterior y casi el doble que en 2008– o las prestaciones sociales –169.961 millones, unos 2.300 millones más que en 2012–. Para compensarlo, Hacienda insiste en que ha rebajado el consumo público en 2.158 millones sobre el año precedente que incluye la remuneración de asalariados y el consumo intermedio.

“Tanto recorte, tanta subida de impuestos, para conseguir reducir el déficit de todas las Administraciones en solo 3.000 millones demuestra lo equivocada que es la política económica del Gobierno”, lamentó este lunes Pedro Saura, diputado del PSOE en el Congreso, que criticó que el déficit de la Administración central y la Seguridad Social presentado por Montoro es superior al que “heredó” de los socialistas.