Mineros se enfrentan a la Policía y causan destrozos en el centro de Lima

Cientos de mineros del sector informal se enfrentaron hoy a la Policía Nacional de Perú y causaron destrozos en calles y vehículos en el centro histórico de Lima, en medio de su protesta contra las leyes que ordenan su formalización.

Los mineros, que se encuentran desde el fin de semana pasado en la céntrica plaza Dos de Mayo, iniciaron hoy una marcha hasta la avenida Abancay, en las cercanías de la sede del Congreso, donde fueron detenidos por un barrera de agentes antidisturbios.

Esto motivó un enfrentamiento con palos y piedras al que la policía respondió con gases lacrimógenos.

Según mostraron medios locales, los mineros sacaron los ladrillos y adoquines de las veredas centrales de la avenida Colmena para arrojárselos a la Policía y atacaron varios vehículos particulares, uno de los cuales fue volcado.

Tras una hora de enfrentamientos, los mineros se replegaron hacia la Plaza San Martín, donde la policía desplegó un cerco para evitar nuevos incidentes.

El Gobierno de Perú ratificó hoy que llegó a un acuerdo con los mineros informales de varias regiones del país, pero los trabajadores rechazan las negociaciones efectuadas por sus dirigentes.

El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, informó de que el martes por la noche se suscribió un acta con los dirigentes de las regiones Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, La Libertad y Apurímac.

Sin embargo, el acuerdo fue desconocido hoy por los cientos de mineros informales que llegaron el pasado fin de semana a Lima para rechazar el término del plazo para la formalización.

El presidente peruano, Ollanta Humala, afirmó el martes que no aceptará la presión de los mineros y anunció que el Gobierno no ampliará los plazos para la formalización.

Las autoridades peruanas diferencian entre los mineros informales, que permanecen en zonas autorizadas para la extracción pero sin los permisos respectivos, y los ilegales, que ocupan zonas de reservas naturales y cuya actividad es combatida desde 2011.

En 2012, el Gobierno inició el proceso de formalización con el compromiso de unos 70.000 mineros a nivel nacional, pero según las últimas cifras oficiales solo 31.000 de ellos han gestionado la documentación respectiva.

Las primeras acciones de interdicción en el país sucedieron en 2011, durante el mandato de Alan García (2006-2011), con el fin de aplicar la política estatal de "tolerancia cero" a la minería ilegal, que destruye y contamina la Amazonía peruana.