Toyota zanja con una sanción récord el caso por la aceleración involuntaria

Toyota ha zanjado este miércoles cuatro años de investigación en Estados Unidos por el caso de la aceleración involuntaria de sus coches con un desembolso de 1.200 millones de dólares (860 millones de euros), lo que supone la mayor sanción que se impone a una compañía automovilística. Además, está por ver las implicaciones que pueda tener la investigación abierta contra su principal rival, General Motors, que se enfrenta a una crisis similar por la gestión de un fallo en el encendido de varios de sus modelos.

El fabricante japonés lleva varias semanas dando los últimos retoques al pacto con el Departamento de Justicia, que trataba de depurar responsabilidades por la vía penal sobre la forma en la que la compañía gestionó las quejas de sus clientes. Ahora, GM es objeto de cuatro investigaciones federales en EE UU porque tardó más de una década en llamar a revisión a los vehículos afectados, pese a tener conocimiento de que podían pararse en marcha.

La fiscalía neoyorquina consideró al inicio de la investigación que Toyota ocultó información a los reguladores de la seguridad vial en EE UU sobre las quejas de sus clientes. La multinacional se vio al final obligada a emitir una orden de llamada que afectó a 10 millones de vehículos en todo el mundo entre 2009 y 2010. El origen era un problema de diseño de las moquetas, que atascaban el acelerador. Al principio se temió que fuera un fallo en la centralita electrónica.

"Toyota actuó para proteger la marca, no al cliente", señaló el fiscal general, Eric Holder. Con este pago evita en principio que se impongan cargos por la vía criminal. Toyota cooperó con las autoridades en EE UU a la hora de corregir el problema. Además de que introdujo cambios en la manera en la que controla la seguridad y calidad de los vehículos que pone en el mercado. El año pasado pagó también más de 1.000 millones a los afectados por los accidentes.

El responsable de Justicia considera que la sanción impuesta a Toyota es apropiada y espera que mande una señal clara al resto de fabricantes a la hora de hacer frente a defectos de fabricación, para que se traten estos casos como un problema de seguridad para los conductores y no como uno de relaciones públicas. "No se puede jugar con la vida de los conductores", añadió el fiscal neoyoquino, Preet Bharara, quien lamentó la manera en la que la compañía asumió al inicio su responsabilidad para proteger sus resultados.