El Gobierno y la Junta comienzan esta semana a buscar solución a Aznalcóllar

El Gobierno y la Junta de Andalucía comenzarán esta semana a buscar una solución para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) con reuniones entre técnicos de ambas administraciones tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo.

El Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda esa decisión hasta que se resuelva sobre el fondo el recurso y considera que el decreto ley de la Junta para la reapertura de la mina es inconstitucional al estimar que la facultad de reservar zonas para el aprovechamiento minero corresponden exclusivamente al Estado, según la Ley de Minas de 1973.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha emplazado al Gobierno a "sentarse" esta semana con la administración autonómica para "encontrar una solución" y ha dicho que ni comprende ni comparte el recurso, pero espera "que esta misma semana quede resuelto".

"Espero que se reconsideren las cosas y que a lo largo de esta semana se encuentre una solución que no suponga un retraso en la reapertura, pues en este momento es una esperanza de futuro para más de 1.300 familias, para una comarca entera", ha subrayado.

"No voy a esgrimir que el estatuto de autonomía ampara la decisión de la Junta (de reabrir la mina), que podría hacerlo", ha advertido Díaz, quien ha remarcado que el objetivo de su Gobierno es buscar una solución porque hay más de mil empleos "en riesgo".

Ha recordado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "dijo ayer que era un problema de competencias, pero cuando hay 1.300 puestos de trabajo en riesgo no hay competencias ni discusiones formales que valgan" y ha remarcado: "Si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la reapertura, yo lo voy a aceptar".

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha calificado de "impresentable" la actuación del Gobierno y lo ha acusado de crear inseguridad jurídica en los inversores interesados.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado que el Ejecutivo central estaba obligado a recurrir el decreto de reapertura "que la Junta no ha hecho bien" para dar así seguridad jurídica al proyecto y evitar "un contencioso jurídico 'sine die'".

"El Gobierno no ha creado el problema, sino que ha resuelto el creado por el decreto que la Junta, que estaba mal hecho y que se hizo sin tener las competencias para ello; lo bueno es que ahora somos dos administraciones que se quieren entender para resolver esta cuestión y evitar recursos de terceros", ha añadido.

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha explicado que el Gobierno ha decidido interponer el recurso por "responsabilidad", porque si no, hubieran sido las empresas concesionarias las que lo habrían hecho y el proceso se habría dilatado "hasta la eternidad".

Ha asegurado que el PP aboga por la puesta en marcha de la actividad extractiva en Aznalcóllar, pero que el recurso es el trámite legal necesario para aclarar el conflicto de competencias, y ha recordado que el Gobierno "ha ofrecido el mayor consenso".

Bendodo ha pedido a la Junta "que no utilice a Aznalcóllar y a sus vecinos para hacer confrontación política" y ha afirmado que todo lo que ha ocurrido es "fruto de una nueva chapuza" de la Administración autonómica, ya que "se ha saltado los pasos a seguir para dotarlo de garantías legales y medioambientales".

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha hecho hoy un llamamiento a la movilización y ha anunciado que su formación llevará a cabo "un proceso movilizador a todos los niveles".

"No sólo no nos vamos a resignar, sino que el PP se va a arrepentir de poner este recurso", ha afirmado Maíllo, quien ha subrayado que el decreto aprobado por la Junta para la reapertura de la mina "abría importantes posibilidades de reactivación económica".