El Constitucional alemán avala la legalidad del fondo de rescate europeo

El Tribunal Constitucional alemán, la máxima instancia jurídica del país, despejó este martes una gran parte de la incertidumbre que afectaba a los planes de rescate europeos desde septiembre de 2012. Confirmó la legalidad del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), siempre y cuando el parlamento federal tenga suficientes poderes para supervisarlo. La legalidad del MEDE fue cuestionada por una multitudinaria demanda que advertía que el mecanismo violaba la Constitución y le quitaba poderes al parlamento alemán.

El presidente de la corte Andreas Vokuhle, admitió que el MEDE no viola la Ley Fundamental germana y reiteró que el fondo de 700.000 millones de euros tampoco vulnera los derechos del parlamento federal alemán para decidir sobre cuestiones presupuestarias, siempre y cuando la Cámara baja tenga poderes de supervisión sobre el fondo.

“A pesar de los compromisos asumidos, la autonomía presupuestaria está suficientemente protegida”, señala el dictamen de la corte. Y ratifica una sentencia dictada en septiembre de 2012, cuando el tribunal, en un procedimiento de urgencia, admitió la legalidad del mecanismo de rescate, pero advirtió de que dictaría una sentencia definitiva más adelante sin precisan cuándo. La decisión provisional permitió la entrada en funcionamiento del fondo de rescate que ya contaba con el visto bueno del resto de los socios de la zona euro.

En el dictamen provisional y de urgencia de septiembre de 2012, el Tribunal señaló que la contribución de Berlín al fondo no podría superar el límite fijado —190.000 millones de euros— sin la autorización del parlamento. Este aspecto también fue ratificado el martes.

Cuando el MEDE fue creado, un numeroso y heterogéneo grupo de opositores, entre los que se contaban los miembros del grupo parlamentario de La Izquierda; el diputado conservador de la CSU, Peter Gauweiler, y la asociación Más democracia presentaron una demanda al considerar que el Bundestag no tendría suficiente poder para controlar el citado fondo de rescate ni las inyecciones financieras. La demanda fue finalmente suscrita por 37.000 personas lo que la convirtió en la mayor demanda colectiva en la historia de la corte alemana.

El tribunal también estipula en su fallo que el controvertido “pacto fiscal” de la Unión Europea, impulsado por Berlín, se ajusta a la Ley Fundamental alemana. El citado pacto fiscal, que promulgaba la austeridad e introdujo un “freno a la deuda” en las legislaciones nacionales, concede competencia de supervisión presupuestaria a la Comisión Europea. Los demandantes consideraron que este aspecto lo convertía en inconstitucional.

A pesar de los compromisos asumidos, la autonomía presupuestaria está suficientemente protegida” El dictamen de la corte

El Tribunal Constitucional, que tiene una larga historia a la hora de retrasar la entrada en vigor de los tratados de la UE, se inclina en comprobar la compatibilidad de las normas europeas con el derecho alemán. Por lo general, siempre ha llegado a la conclusión de que el parlamento federal debe ser consultado y velar para que el dinero de los contribuyentes sea bien utilizado y se limite su uso.

El presidente de la corte no realizó comentarios directos sobre la legalidad del plan de compra de bonos del Banco Central Europeo de forma “ilimitada”, otra de las medidas de emergencia del BCE anunciada en septiembre de 2012 para combatir la crisis de la deuda y cuya legalidad también fue cuestionada.

El tribunal alemán decidió aplazar, el pasado mes de febrero, una decisión sobre el programa de transacciones monetarias directas (Outright Monetary Transactions, OMT, en sus siglas en inglés), diseñada por el BCE para combatir el repunte de la prima de riesgo de la deuda de los países europeos en crisis en una decisión sin precedentes. El tribunal elevó la demanda al Tribunal de Justicia de la UE. La corte, en un fallo dividido, determinó que el plan podría exceder el mandato del BCE en materia de política monetaria y consideró que podía no ajustarse al derecho comunitario.

El Constitucional se reservó, además, el derecho de revisar el caso después de conocer la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, una decisión que arrojó otra nube de incertidumbre sobre el futuro de este mecanismo.