El PE pide que la troika incluya "un plan B" para aliviar los efectos secundarios

El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió hoy que en el futuro la troika que deba gestionar los programas a países rescatados incluya "un plan B" para aliviar los efectos secundarios de sus reformas y políticas.

Los eurodiputados, en un informe aprobado hoy en la Eurocámara, subrayaron que aunque la troika consiguió evitar la bancarrota en los cuatro países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) ha hecho pagar un alto precio social en esas economías, que acusan altos niveles de pobreza y desempleo.

La troika está integrada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, los eurodiputados denunciaron la falta de transparencia en la gestión y negociación de los programas de rescate de la troika así como cierta falta de legitimidad democrática e inclusión en la toma de decisiones de los propios países rescatados.

"Ha habido un reparto desigual de la responsabilidad entre las tres instituciones", destaca el texto, y lamenta que los parlamentos nacionales hayan sido excluidos a menudo de la toma de decisiones.

Destacaron asimismo que dada la cambiante naturaleza de la respuesta de la UE a la crisis y el papel poco claro del BCE en la troika, el mandato de la tríada se ha percibido como "oscuro y falto de transparencia y control democrático".

También criticaron la situación de "falta de preparación" de la UE y las instituciones internacionales para hacer frente a una crisis de la deuda de tal magnitud dentro de la eurozona y lamentaron que la troika actuara "ante la ausencia de una vía legal viable y prevista para hacer frente a la crisis".

Aunque los eurodiputados reconocieron que la asistencia "evitó una bancarrota que habría traído severas consecuencias económicas y sociales (...) incluso quizá la salida de la eurozona", reprocharon que los gobiernos rechacen desarrollar un mecanismo "a largo plazo" para evitar futuras crisis.

En el apartado de los efectos sociales, lamentaron que en los cuatro países intervenidos por la troika los niveles de desempleo hayan aumentado y que se hayan recortado los beneficios sociales.

Asimismo, denunciaron que las medidas han derivado en "un aumento de las desigualdades" en salarios y capacidad adquisitiva.

Consideraron que se prestó "muy poca atención a aliviar el impacto económico y social de los programas de ajuste" y que se pretende "aplicar un solo modelo de resolución para cualquier crisis".

Pidieron que la Unión esté vigilante de la evolución económica, financiera y fiscal en los países y cree un sistema institucionalizado de incentivos para esas economías maltrechas, un "grupo de trabajo de crecimiento".

Como éxito, reconocieron que la troika consiguiera buenos resultados en cuanto a la reducción de los déficit, si bien lamentaron que ese índice no haya repercutido todavía en una reducción de la deuda pública.

Por otro lado, reiteraron su petición de que el presidente del Eurogrupo sea un puesto a tiempo completo y que este cargo lo asuma uno de los vicepresidentes de la CE.

En la actualidad el presidente del Eurogrupo es el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem.

En el debate en la Eurocámara sobre este asunto antes del voto el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, defendió la gestión de la troika de los países rescatados el papel de la tríada como punto de inflexión para el fin de la crisis.

"La troika no marcó el principio de la crisis, sino el inicio de su resolución", dijo Rehn ante los eurodiputados, que también tienen que someter a votación un texto en que se critica la falta de transparencia y legitimidad democrática de la institución que gestionó los planes de rescate de Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre.

El también vicepresidente de la Comisión Europea señaló a los eurodiputados que "no puede olvidarse" que los ajustes se realizaron "para evitar la bancarrota de los sistemas sociales de los países, que no podían ya hacer frente a sus obligaciones".

El ponente de parte de los trabajos sobre la gestión de la troika, en concreto sobre las consecuencias sociales de las reformas, ha sido el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas.