Urbanismo y democracia

Todas las figuras de planeamiento urbanístico son, por imperativo legal, objeto de exposición pública para que los ciudadanos puedan examinar los planes y formular alegaciones. Suele abrirse un debate público, pero la decisión corresponde al órgano municipal o autonómico, y lo que la mayoría de los ciudadanos piensan no es vinculante. No debería ser así cuando una gran mayoría de ciudadanos no está de acuerdo. Lo mismo debería suceder con los proyectos de obras de cierta entidad que afectan a una parte considerable de los vecinos.

En este aspecto, la regulación en España es clarísimamente insuficiente. Es urgente y necesario profundizar en la democratización de las instituciones y en lo que se viene denominando con el término anglosajón empowerment: el empoderamiento ciudadano.

Hace unos años, en la época de las vacas gordas y el urbanismo salvaje, tuve la ocasión de participar en una conversación entre alcaldes, concejales, algunos catedráticos y expertos en Derecho local. La mayoría de los presentes coincidían en que era un signo de modernidad y madurez democrática el hecho de que los ciudadanos deseaban no tener que intervenir en los asuntos públicos locales, salvo a la hora de votar cada cuatro años y preferían vivir despreocupados de las cuestiones que afectaban a la colectividad, lo que suponía para ellos una mayor tranquilidad y bienestar. Por supuesto discrepé rotundamente. Que los ciudadanos se desentiendan de la cosa pública no puede ser de ninguna de las maneras, ni antes ni ahora, un signo de modernización y mucho menos de madurez democrática.

En primer lugar porque, de entenderlo así, tendríamos que lamentar, como lo estamos haciendo ahora, muchos errores del pasado, muchos casos de actuaciones nacidas del capricho y de las ocurrencias del gobernante de turno que, en nombre de sus representados, pero sin contar con ellos, ungido de la sacrosanta mayoría de votos electorales que le otorga poderes plenipotenciarios y que todo lo justifica, acomete iniciativas con las que la gran mayoría de los ciudadanos afectados no sólo no están de acuerdo, sino que se ven obligados a soportar y a sufrir, a veces para toda su vida. Y sobre todo veríamos, como estamos viendo, una cantidad de casos de corrupción que no tiene por menos que escandalizar a todos y que acrecientan diariamente la ya casi abismal barrera que separa a los ciudadanos de sus, en teoría, representantes políticos, así como el nivel de desprestigio y desinstitucionalización de las entidades locales. Casos concretos al respecto están en la mente de todos.

En segundo lugar porque si de verdad creemos en la democracia, lo que en ningún caso procede es privar a los ciudadanos del legítimo derecho de participar activamente en las decisiones que les afectan. En democracia los poderes públicos tienen la obligación de informar a todos y facilitarles el acceso a las decisiones y a las instituciones y no, por el contrario, instalarse cómodamente en el ejercicio del poder ignorando a aquellos en nombre de los cuales se toman las decisiones y gobiernan, rodeándose de un tranquilo y apacible silencio ciudadano.

Serán pocos todos los esfuerzos por democratizar a fondo las instituciones y erradicar todo aquello que de autoritario aún pervive y continúa vigente en nuestro ordenamiento jurídico y con toda seguridad las iniciativas en este sentido serán bienvenidas y verdadera y sinceramente agradecidas por la sociedad civil.

Por ese camino debemos seguir si queremos construir una verdadera y efectiva democracia que adquiera pleno significado, y dotar de auténtico prestigio a las instituciones locales, sin miedos ni reticencia alguna. Las resistencias a este proceso, que auguro inevitable, no son ni pueden ser otra cosa que reminiscencias del autoritarismo que, por cierto, rezuma en todo el ordenamiento jurídico, y seguirá rezumando mientras no haya cambios de mentalidad profundos y necesarios que conduzcan a su erradicación, pues de una u otra manera todas las normas actuales tienen sus antecedentes en, y son el fruto de la evolución de los códigos y ordenamientos de tiempos pasados, basados fundamental y principalmente en el autoritarismo y la dominación, sea ésta real, nobiliaria, ideológica, económica o de otro tipo.

Eulalio Ávila, es secretario e interventor de Administración Local.