Gobierno argentino acusa a Shell de conspirar por subir los precios un 12 por ciento

El Gobierno argentino acusó hoy a la petrolera anglo-holandesa Shell de tener una "actitud conspirativa" contra los intereses del país por haber decidido subir un 12 % los precios del combustible tras la devaluación del peso.

"No es casualidad esta actitud por parte de Shell. Una actitud no solamente unilateral sino contraria a los intereses del país. La actitud de Shell y de su más alto directivo en la República argentina siempre es conspirativa, siempre es atentatoria contra los intereses del país", dijo hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su comparecencia diaria ante los medios.

"Me parece que solamente la codicia, que la estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupo económico son los que los llevan a tomar este tipo de decisiones", agregó el portavoz, que ya había acusado a Shell de supuestas maniobras especulativas en los mercados para tumbar el peso argentino.

"Obviamente que el aumento es unilateral. Nuestros costos aumentaron un 23% y sólo hicimos un traslado parcial a los precios del 12%. Si con un 12% de aumento estamos conspirando, no me quiero imaginar con un aumento mayor", reaccionó el presidente de la filial argentina de Shell, Juan José Aranguren, en declaraciones a una emisora local.

"Nosotros no practicamos esa forma de lo que nos acusa el Gobierno, operamos dentro del marco regulatorio", insistió Aranguren, que agregó que "en mayor o menor medida les ha pasado lo mismo, pero no todas las compañías compran toda su producción (como Shell). Hay quienes tienen producción propia, como YPF, pero ellos tienen otros problemas, como los costos de financiación".

El Gobierno acusó a Aranguren a finales de enero de presuntas operaciones especulativas para forzar la caída del peso, que perdió más de un 22 por ciento en el último mes.

El sector energético, cuyas importaciones están nominadas en dólares, es uno de los más afectados por la depreciación de la moneda argentina.

Cálculos de expertos indican que, tras la devaluación, el ya de por sí abultado coste de las importaciones energéticas del Estado argentino crecerá un 45% sobre el precio promedio de las compras del año pasado, que totalizaron cerca de 13.000 millones de dólares.