Autoridades y vecinos no consentirán "presiones empresariales" en el Castor

Autoridades locales y provinciales y representantes vecinales del norte de Castellón advierten de que no están dispuestos a consentir "ningún tipo de presión de ninguna empresa" que pretenda poner en marcha de nuevo el almacén de gas Castor "por encima de los intereses generales de los ciudadanos".

Durante los pasados meses de septiembre y octubre, los municipios de Vinaròs, Peñíscola y Benicarló se alzaron en contra de la actividad de la planta de almacenamiento de gas Castor, después de que se registraran numerosos terremotos en la zona, que alcanzaron los 4,2 grados de magnitud en la escala Ritcher.

A la espera de los informes técnicos, el Ministerio de Industria ordenó la paralización de la actividad de la planta, aunque se reconoció la posibilidad de que la tesis que ya apuntaban los expertos, de que la inyección de gas era la que había provocado los seísmos, podía ser cierta.

Los informes todavía no han llegado pero ayer, la empresa ACS, propiedad de Florentino Pérez y que poseía la concesión de la empresa Escal que explotaba el almacén de gas Castor, informó a la CNMV que había remitido ya a Industria la auditoría técnica y contable sobre el almacenamiento subterráneo y consideraba que los problemas serán solucionados "satisfactoriamente".

Esto significa, según ACS, que la planta podrá entrar en funcionamiento comercial a lo largo de este ejercicio.

Sin embargo, según denuncia el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia, Juan Evelio Monfort, esta comunicación de Escal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una "maniobra" de la empresa.

Esta información es "aventurada" a juicio de Monfort, ya que ACS "ya no tiene la concesión de Escal" y pretende simplemente "tranquilizar a los inversores que aportaron 1.400 millones de euros con la compra de bonos europeos para este proyecto".

Sin embargo, también alerta de que estos "intereses económicos" puedan interferir en la decisión del Gobierno sobre la reanudación de la actividad en la planta en 2014, y advierte de que se pueda producir cierta "connivencia" entre la empresa y las autoridades estatales.

La noticia conocida ayer ha hecho a la población estar "expectante", señala el portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastiá Fabregat.

En declaraciones a Efe, Fabregat ha reclamado a las autoridades "que no engañen" y que los "millones de euros que hay por medio" no se pongan por encima de la seguridad.

Tanto Fabregat como Monfort se han mostrado convencidos "al 100 %" de que los seísmos volverán a producirse en la zona si se autoriza una nueva inyección y extracción de gas.

Los vecinos del norte de la provincia están "escaldados" con el tema y no descartan volver a organizarse y reanudar las protestas, como ya hicieron en octubre con concentraciones, cadenas humanas y manifestaciones para pedir el cierre de la planta.

El alcalde de Peñíscola y diputado provincial por el PP, Andrés Martínez, ha asegurado: "No vamos a consentir ningún tipo de presión de ninguna empresa al Gobierno, porque no hay empresa tan importante ni tan poderosa que pueda pasar por encima de los intereses generales de los ciudadanos".

Para Martínez, "garantizar la normalidad en la zona es vital; la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos es, por supuesto, lo primero".

El alcalde se ha mostrado "confiado" en la palabra del ministro José Manuel Soria, quien "reiteró numerosas veces que no se reanudará la actividad del almacén mientras haya un solo informe desfavorable al respecto".

Martínez ha reiterado, como ya hicieron los alcaldes de la zona el pasado mes de octubre, que la planta "no es necesaria", por lo que ha vuelto a pedir su desmantelamiento "sin que cueste un solo euro a los ciudadanos".

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, también del PP, ha rechazado hacer valoraciones del comunicado de ACS, pero se ha mantenido en su convicción de que "no se vuelva a abrir la planta si no se garantiza al 100 % la seguridad".

El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha señalado que se continuará con la "actitud vigilante" en relación al proyecto Castor, y el presidente de la institución, Javier Moliner, ha añadido: "No vamos a permitir que ninguna actividad, por más beneficioso que sea su objetivo, genere riesgo tanto para las viviendas de la zona como para las personas".Rosabel Tavera.