Inseguridad + descontento

Dos años después de la llegada de Rajoy a La Moncloa hay dos rasgos estructurales en la vida pública que sobresalen: el descontento social de amplias capas de la población por la nefasta gestión de la crisis económica, y la inseguridad jurídica de parte del mundo empresarial y de muchos ciudadanos por las decisiones gubernamentales que afectan a su vida cotidiana. Ambas características suponen una gran regresión sobre las prácticas y la imagen que había dado este país en las últimas décadas.

En su estudio anual sobre la situación del mundo, el semanario The Economist, a través de su división Economist Intelligence Unit, sitúa a España entre los países con un “riesgo alto” de descontento social en 2014, entendiendo “por riesgo de descontento social o político el desarrollo de acontecimientos que supongan una amenaza para el Gobierno o para el orden político imperante”. Solo hay tres países europeos en esta categoría: Bulgaria, Portugal y España, y únicamente Grecia se sitúa en un escalón más alto de “riesgo muy alto”. El estudio, que no gustará a los inversores, ha medido el riesgo de descontento social (“que se ha incrementado en todo el mundo”) en 150 países, dando gran importancia a la debilidad política e institucional.

Dado que el PP dispone de mayoría absoluta, hay que poner el énfasis en la debilidad institucional. ¿Qué ha sucedido para que en tan corto periodo de tiempo se hayan deteriorado la mayor parte de las instituciones y el concepto de inseguridad jurídica se conjugue con tanta frecuencia? Recuérdese que la seguridad jurídica está protegida en la Constitución, nada menos que en su título preliminar: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

La Escopeta Nacional de Berlanga sigue vigente en parte del mundo empresarial

La guerra eléctrica en España ha dejado de ser un conflicto entre dos lobbys muy poderosos (el del oligopolio de empresas eléctricas tradicionales y el de las energías renovables) para afectar al corazón de la seguridad jurídica y de los ciudadanos. Todo lo ocurrido en las últimas semanas es disparatado y, en buena parte, ejecutado con nocturnidad y alevosía: la retirada de 3.600 millones de euros de los presupuestos puestos para combatir el déficit de tarifa, una titulización de ese dinero presuntamente arreglada en 24 horas con las empresas del sector, la declaración de que no subiría el precio de la luz en enero seguida de una subasta que lo incrementaría en un 11% de media, y por último, la retirada de los resultados de esa subasta por la concurrencia de “circunstancias atípicas” que no han sido mostradas a nadie. En este momento, los ciudadanos y las empresas no saben cuánto les va a subir la luz, los agentes del sector no conocen por qué mecanismo se va a sustituir la subasta para determinar el precio de la electricidad, y los sospechosos de violar los principios de la competencia se interrogan acerca de a quién se refiere el Gobierno y qué medidas legales se van a tomar para que el abuso no vuelva a suceder.

El escándalo de las eléctricas no es ni mucho menos el único. La colusión espuria entre el poder político y el poder económico en Caja Madrid se va desvelando en toda su extensión con ribetes de alarma social. Con una peculiaridad: los máximos protagonistas de la misma son los representantes del ala liberal del PP: aquellos tan partidarios de que cada palo aguante su vela son los que demandaban favores, nombramientos, créditos a sus amigos, etcétera. Ello lo hicieron después de haber puesto al frente de la que fue la cuarta entidad financiera del país a “uno de los nuestros”, sin la menor experiencia bancaria ni empresarial, al que luego le exigieron la devolución de favores. El resultado ha sido que Bankia (cuya matriz principal fue Caja Madrid) figura como el tercer banco europeo (solo por detrás del Royal Bank of Scotland y el Anglo Iris Bank) por el volumen de recepción de ayudas públicas, según datos actualizados de la Comisión.

El gran Berlanga no ha muerto. ¡Viva La escopeta nacional! [del año 1978].