El Parlamento griego aprueba el polémico nuevo impuesto inmobiliario

El Parlamento griego aprobó hoy el nuevo impuesto inmobiliario, un gravamen polémico incluso en las propias filas de la coalición gubernamental por incluir por primera vez una tasación a los terrenos agrícolas y elevar aún más la presión fiscal.

A favor votaron 152 diputados de los dos partidos de la coalición gobernante y en contra 143 diputados de los de la oposición, además del parlamentario Vyron Polídoras de la gubernamental Nueva Democracia, quien acto seguido fue expulsado de su grupo.

Tras esta expulsión, la coalición de Gobierno se queda con una estrecha mayoría de dos diputados del total de 300 escaños con que cuenta el Parlamento.

La controvertida ley unifica el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria y una tasa "extraordinaria" sobre la vivienda, introducida en otoño de 2011 y cobrada por medio de la factura de la luz.

En un principio estaba previsto que esta tasa "extraordinaria" tuviera carácter provisional y dejara de existir a partir del próximo año.

Con el nuevo impuesto unificado, el Gobierno del conservador Andonis Samarás, en cambio, ha garantizado que la tasa provisional se convierta en permanente, aunque bajo otra denominación.

Hasta 2008, los griegos no tenían que pagar impuestos por sus propiedades inmobiliarias. A partir de ese año, el primero de la crisis económica, se introdujo una pequeña tasa a todas las viviendas.

Desde entonces hasta la entrada en vigor de esta nueva ley, el impuesto sobre los bienes inmobiliarios se ha disparado en un 700 %, según la Federación Panhelénica de Propietarios, quien ha denunciado que esta elevada carga tributaria es una de las causantes de la fuerte caída de los valores comerciales de la vivienda.

Según un informe reciente del banco central griego, el valor comercial de la vivienda cayó un 37,6 % desde el inicio de la crisis.

La nueva ley reduce ligeramente los impuestos de los pisos en zonas urbanas respecto a este año, pero introduce una tasación a los terrenos agrícolas.

El propietario de un piso de 90 metros cuadrados en un barrio popular de Atenas, por ejemplo, pagará 433 euros en 2014, frente a 478 euros que pagó en los últimos tres años.

El propietario de un terreno sin edificar de 500 metros cuadrados en el mismo barrio deberá pagar, en cambio, 1.000 euros; hasta ahora este grupo no estaba sujeto a ninguna imposición.

Por otro lado, el propietario de cinco hectáreas de tierra cultivada deberá pagar 405 euros.

La ley perjudica también a los propietarios de tierras cultivables en zonas turísticas, pues el valor objetivo de la tierra, que sirve como base de cálculo de la tasa inmobiliaria, puede ser allí diez veces más alto.

El Gobierno espera recaudar el próximo año 2.650 millones de euros con este impuesto.

La elaboración de la nueva ley ha durado casi un año, debido a las críticas desde las propias filas gubernamentales al plan del ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, de introducir una tasa a los terrenos agrícolas y no construidos, a cambio de una reducción en la vivienda urbana.

Su tentativa cosechó fuertes críticas de los diputados electos en zonas agrícolas que amenazaron con votar en contra de la ley.

Finalmente, tras un caótico debate, enmiendas de última hora y un aplazamiento de la votación del viernes a hoy, el compromiso consistió en modificar algunos aspectos puntuales de legalidad controvertida y además aplicar un impuesto en las zonas rurales inferior al previsto en el primer borrador.