Repsol e YPF firman la paz con un pacto político que abre las negociaciones

Repsol e YPF han firmado esta semana la paz con un acuerdo político entre los gobiernos español, argentino y mexicano que inaugura las negociaciones para definir la compensación que recibirá la petrolera española por la nacionalización de su filial en abril de 2012.

Tras un año y medio con el conflicto enconado, el acercamiento comenzó la pasada semana con la visita del ministro de Industria, José Manuel Soria, a México donde, según él mismo ha explicado, acordó con el secretario (ministro) de Energía mexicano, Pedro Joaquín Coldwell, sentar a la mesa a Argentina y Repsol.

El interés de México por resolver el conflicto es múltiple. Por una parte, la petrolera estatal Pemex es el tercer accionista de Repsol y, por otra, esta necesita salvar este escollo para invertir en activos de YPF, algo que ha manifestado públicamente.

En paralelo a esto, los astilleros españoles Navantia y Barrera están pendientes de la adjudicación de la construcción de dos barcos hoteles de Pemex, que ahora está más asegurada que nunca tras la reciente adquisición del 51 % de Barrera por parte de la petrolera mexicana.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, incluso agradeció públicamente a su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, el "preponderante" rol desempeñado por Pemex en el acuerdo.

En base a lo acordado en México, Soria viajó este lunes a Buenos Aires para reunirse con destacados representantes del Gobierno argentino, en un encuentro al que también asistieron directivos de YPF, dos de los accionistas de Repsol -Caixabank y Pemex- y altos cargos de la petrolera española, pero no su presidente, Antonio Brufau.

El resultado fue un principio de acuerdo entre gobiernos que, según han indicado fuentes cercanas al encuentro, consistiría en una compensación de 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros) en deuda argentina y la retirada de todos los litigios judiciales.

Esta cantidad está muy por debajo de los 10.500 millones de dólares inicialmente reclamados por Repsol, aunque fuentes cercanas aseguran que estaría dentro de los límites fijados por la petrolera y, sobre todo, cumpliría el requisito de tener liquidez, por lo que podría convertirse en ingresos casi inmediatamente.

Repsol tiene apuntada en sus cuentas la nacionalización de YPF como "activos no corrientes mantenidos para la venta sujetos a expropiación" con una valoración, a cierre de septiembre, de 5.264 millones de euros.

Para materializarse, el preacuerdo necesitaba el visto bueno del Consejo de Administración de Repsol, que lo ha avalado por unanimidad.

Junto a este aval, el Consejo ha acordado iniciar en breve conversaciones con el Gobierno argentino para buscar "una solución justa, eficaz y pronta a la controversia", es decir, para definir los detalles y garantías de la compensación, una labor en la que estará asesorado por Deutsche Bank.

El Gobierno argentino se ha apresurado a celebrar el acuerdo, al augurar que abrirá las puertas a la llegada de inversiones para su "ambicioso" programa de hidrocarburos, algo difícil mientras continúen vigentes los litigios.

Por su parte, Pemex ha interpretado como "una buena señal" el acuerdo, al mismo tiempo que ha mostrado su confianza en "una actuación responsable", por parte de la dirección de Repsol, "para formalizar a la brevedad" el pacto.

Este apoyo, sin embargo, no se extiende al conjunto de la gestión de la dirección de Repsol, que Pemex rechazó avalar en el último Consejo al considerar que "no ha ofrecido los resultados deseables para la compañía y sus accionistas".

Pemex vuelve a enfrentarse así a Brufau, apenas dos años después del frustrado intento de expulsarlo de la compañía con la colaboración de Sacyr, una trama que acabó con el cese fulminante del entonces presidente de la constructora, Luis del Rivero.

Mientras tanto, Repsol trabaja para lograr una compensación lo más garantizada posible para cerrar el conflicto YPF, mientras afronta el hecho de tener una voz crítica sentada en su Consejo de Administración.