El PP pretende restringir el acceso a la formación en las empresas más pequeñas

El Partido Popular pretende aprovechar las enmiendas a los Presupuestos para restringir el acceso a la formación en las empresas de uno a cinco trabajadores. En concreto, en una de ellas ha propuesto la eliminación de bonificación de 420 euros que reciben las firmas más pequeñas con el argumento de que “las evaluaciones realizadas han puesto de manifiesto [...] que la formación no está alcanzando la calidad necesaria pese a su mayor coste”.

Desde 2007, las microempresas que organizan alguna acción formativa para sus empleados reciben una bonificación de 420 euros. Con su enmienda el PP, busca acabar con este mínimo y dejarlo en el 100% de los créditos formativos que logran con las cuotas sociales (el 0,7% de la base de cotización). A primera vista, esto puede parece bastante. Pero teniendo en cuenta la pequeña dimensión de las empresas, los créditos acumulados suman muy pocos euros (los conocedores del sistema calculan que en muchos casos no superará los 80 o 90 euros) y, por tanto, a este tipo de firmas se le encarece bastante el acceso a la formación para sus empleados. En 2012 este sistema de formación, que utilizaron unas 300.000 empresas, costó unos 115 millones, según Cepyme, la patronal de las pymes.

La iniciativa del PP ha provocado la reacción de Cepyme. “Esta supresión [en referencia a la eliminación de la bonificación de 420 euros] excluiría, de salir adelante, del sistema de formación a las microempresas”, advierte el presidente de esta patronal, Jesús Terciado, en una carta remitida el pasado jueves a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y a los grupos parlamentarios en el Congreso.

Además de la calidad, el PP argumenta su enmienda en que el sistema empleado hasta ahora ha generado “una proliferación excesiva de entidades organizadoras (cerca de 7.000) que no siempre procuran la formación adecuada”. Dicho de otra forma, en el sistema actual hay descontrol, según el PP.

Parte de este razonamiento lo admiten tanto los empresarios como los expertos en formación. No obstante, aducen que no se puede suprimir la ayuda sin buscar un mecanismo alternativo. “La mera existencia de alguna mala práctica”, admite en su carta Cepyme, “no debería perjudicar a la totalidad de las microempresas que utilizan la formación de manera correcta, sino que debería tratar de corregirse con otro tipo de medidas como una mayor actividad de control y seguimiento”. “No se han aportado datos que permitan hablar de un fraude generalizado, ni esta enmienda ha sido comentada con los interlocutores sociales, lo que hubiera permitido buscar soluciones”, lamenta Terciado.