El PSOE pide un estatuto que regule la condición de servicio público de Efe

El PSOE ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que solicita un estatuto que regule la condición de servicio público de la Agencia Efe en aquellas actividades que tengan esta naturaleza.

Esta petición del Grupo Socialista del Congreso se basa en el artículo 20.3 de la Constitución Española, que determina que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

La motivación de la enmienda, facilitada a Efe por el portavoz socialista en la comisión mixta de Control de RTVE y diputado por Segovia, Juan Luis Gordo, subraya que las normativas europeas y la UE avalan la existencia de una agencia de noticias pública, pero exigen que sea regulada por una ley que la defina como un servicio público, que debe estar sometida al control parlamentario.

Asimismo, señala que la Agencia Efe es una sociedad anónima de capital público participada al 100 por cien por la SEPI y carece de una norma legal congruente con las exigencias del articulo 20.3 de la CE.

La enmienda socialista resalta que "Efe es un bien intangible que, a través de la información, vende la marca España y dispone de más oficinas nacionales e internacionales que cualquier otra empresa española (...) y debe ser considerada una inversión al servicio del país, de sus empresas y de sus ciudadanos".

Gordo ha informado de que también se incluye en el texto que el importe de renovación del contrato de servicios con la Agencia Efe para 2014 sea equivalente a 50 millones de euros.

El diputado ha explicado que en los últimos años está descendiendo la aportación del Estado y es preciso volver a las cifras de 2011, con el fin de dotar a Efe de una estabilidad presupuestaria y no repercutirlo en los trabajadores.

El texto señala que "la insuficiente dotación, en los últimos años, a través del contrato de prestación de servicios con el Estado ha hecho que la primera agencia de habla hispana y la cuarta en el orden internacional pierda soberanía informativa en detrimento de la marca España".