La Comunidad Valenciana actuará si el almacén de gas no cumplía la normativa ambiental

La Generalitat Valenciana tomará "medidas" si la declaración de impacto ambiental del almacén subterráneo de gas Castor, aprobada por el anterior Gobierno central socialista en 2009, no contó "con todos los informes preceptivos".

Así lo ha advertido hoy en Alicante la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, quien ha puntualizado que "en principio" no duda de que la planta "cuenta con todos los informes y autorizaciones".

"Si no es así, obviamente tomaremos medidas", ha insistido la consellera antes de subrayar que se colaborará "al cien por cien y si se comprobase que no se han exigido todos los informes o que hay un problema en el proyecto, se exigirán responsabilidades a quien aprobó y tramitó esa autorización", en referencia al Ejecutivo central de 2009.

En todo caso, ha pedido "cautela" sobre la cadena de terremotos porque "todavía no hay una relación científica de causa-efecto demostrada al cien por cien".

Para Bonig, hay "total y absoluta tranquilidad" porque la actividad está paralizada y seguirá así hasta que no se aclare la situación, y ha añadido que la actuación del Ministerio de Industria ha sido la "correcta".

A la espera de los informes técnicos, ha incidido en que hay una estrecha colaboración entre la empresa, el Ministerio y la Comunitat Valenciana, y que la Conselleria de Gobernación ha decretado el protocolo de seguimiento de actuaciones sísmicas.

Ha aclarado que la Generalitat únicamente dio las autorizaciones para la planta que hay dentro del territorio valenciano, tierra adentro, y no en las aguas, ya que en este lugar la competencia es del Estado.