Sacyr dice que el auto del TSJRM confirma que no se actuó bien con la toma de Corvera

Sacyr, que lidera la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Corvera (Aeromur), se ha mostrado satisfecha con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) al entender que confirma que la Administración no actuó correctamente a la hora de entrar a las instalaciones del aeródromo.

En el auto notificado hoy al que ha tenido acceso EFE, TSJRM ha acordado levantar la medida cautelar que suspendió la toma de posesión del aeropuerto de Corvera por parte del Gobierno murciano con ayuda de la Guardia Civil, pero ha dicho que es este Ejecutivo el que debe dictar antes las resoluciones oportunas para hacerlo.

En el escrito, los magistrados entienden que lo decisivo para resolver sobre la medida cautelar es atender a la fecha fijada por la Administración para llevar a cabo la actuación recurrida, por lo que la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal no puede mantener la suspensión de esa actuación cuando la fecha ya ha transcurrido.

Sin embargo, el TSJRM advierte de que "ello no significa, sin embargo, que la Sala autorice a la Administración a entrar en las instalaciones del aeropuerto de Corvera y llevar a cabo los actos materiales para la entrega y posesión de sus infraestructuras", pues ello no ha sido objeto del incidente cautelar.

Por tanto, añade el tribunal, se debe dejar sin efecto la medida cautelar acordada, pues tenía vigencia únicamente para la fecha que la propia Administración señaló.

Todo ello, "sin perjuicio de que por la Administración demandada se dicten los actos que estime procedentes para llevar a cabo en la fecha o fechas que considere oportunas la actuación que estaba prevista para el pasado día 27, y sin perjuicio asimismo del derecho de la sociedad concesionaria de impugnarlos en vía administrativa o jurisdiccional, y de solicitar las medidas cautelares que en relación con tales actos considere pertinentes".

La concesionaria del aeropuerto, liderada por Sacyr con el 60,65 % del capital, alegaba que la actuación del Gobierno murciano impugnada vulneraba sus derechos e intereses y que la entrega debía hacerse tras la liquidación de las obras y con la presencia de ambas partes, con las formalidades que marca la ley.

En este sentido, sostenía que era "imposible" que el día 27 de septiembre se hubiesen sometido a prueba todas las instalaciones del complejo aeroportuario y añadía que con ello se limitaban sus posibilidades para acreditar, transcurrido un cierto tiempo, que se entregó la infraestructura en estado óptimo.

Por su parte, el abogado del Ejecutivo murciano alegó que la situación creada al impedir la toma de posesión del aeropuerto ocasionaba una grave perturbación del interés general y que la única propietaria de las instalaciones era la comunidad autónoma.