Díaz Ferrán acumuló un patrimonio inmobiliario valorado en 88 millones

El expresidente de la CEOE y exdueño del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde el pasado mes de diciembre acusado del vaciamiento patrimonial del grupo empresarial, acumuló bienes inmobiliarios valorados en 88 millones de euros, según un informe policial aportado a la causa.

El escrito sostiene que Díaz Ferrán, imputado por alzamiento de bienes, insolvencia punible, y blanqueo de capitales, entre otros delitos, trató de ocultar esos y otros bienes mediante distintas operaciones acordadas con el comprador del grupo turístico, Ángel de Cabo, para "eludir" las medidas que acarreaba la entrada en concurso de acreedores de Marsans.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal remitido al juez Eloy Velasco, que instruye la "operación Crucero", incluye un listado con una veintena de propiedades, como la finca El Alamín, en la localidad toledana de Santa Cruz de Retamar, valorada en 40 millones y que cuenta con un castillo calificado bien de interés cultural.

La titular de la finca era la mercantil Pulpi SL, propiedad a su vez de las sociedades Inversiones Grudisán y Navalverche, de las que el expresidente de la CEOE poseía el 100 % del capital.

En la relación, además del domicilio familiar de Díaz Ferrán en Madrid, valorado en un millón, aparecen gasolineras, locales comerciales, solares, plazas de garaje y viviendas en la capital, Málaga y Mallorca, además de dos apartamentos en Nueva York cuyo valor conjunto asciende a 7,47 millones.

Entre las operaciones para ocultar bienes, los peritos citan la transferencia de sus vehículos a varias sociedades, algo similar a lo ocurrido con la embarcación "Leuqar III", supuestamente vendida a una mercantil domiciliada en las Islas Vírgenes sin relación con Díaz Ferrán, aunque la policía ha hallado documentos que indican que seguía siendo el titular de la misma.

Otras operaciones están vinculadas con familiares directos del exdueño de Marsans, como sus hijos Raquel y Gerardo y sus hermanos Manuel y Jesús, que acabaron siendo titulares de varios inmuebles originalmente atribuidos a Díaz Ferrán, entre ellos dos viviendas unifamiliares en la localidad balear de Calviá y cuatro fincas en Madrid.

Los documentos intervenidos revelan también, según la policía, la participación de Ángel de Cabo -que adquirió el Grupo Marsans a Díaz Ferrán a través de la sociedad Possibilitum y que, como él, se encuentra en prisión preventiva- a la hora de ayudar al expresidente de la CEOE y a su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, a ocultar su patrimonio ante sus acreedores.

Los investigadores sostienen que los tres urdieron una trama para ocultar bienes de Marsans y el patrimonio personal de Díaz Ferrán y de Pascual, que tras traspasar en junio de 2010 del grupo turístico a De Cabo pactaron con éste recibir 100.000 euros al mes hasta alcanzar una cantidad de ocho millones.

En este sentido, el informe conocido ahora incluye un documento intervenido en el domicilio de la secretaria de De Cabo, Susana Mora, encabezado por las siglas GDF -que se corresponden con las del exdirigente de la CEOE- y que refleja quince apuntes por diferentes importes, todos fechados en 2011, hasta sumar 916.000 euros.

Según los peritos, las cantidades eran retiradas de cuentas bancarias y justificadas mediante facturas, pero el dinero era entregado en efectivo a Díaz Ferrán, que de este modo se habría embolsado algo más de un millón en un solo año, ya que a la cantidad anterior hay que sumar tres cheques bancarios, uno de 40.000 euros y los otros dos de 30.000 euros.

El pasado 19 de junio, un testaferro de De Cabo, Juan Vicente Semper, confirmó en su declaración ante el juez Velasco este modo de actuar, al asegurar que su jefe le ordenó en dos ocasiones retirar 100.000 euros del banco, que después guardó en mochilas para que fueran entregadas al expresidente de la CEOE.

La policía afirma que Pascual también recibió dinero de De Cabo, de quien el informe recuerda que en el registro de su domicilio se hallaron 380.000 euros en metálico escondidos detrás de un mueble y siete cheques bancarios por un importe conjunto superior a 210.000 euros.