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SINDICATOS MOVILIZACIONES

La Cumbre Social retoma su actividad para impulsar el debate y las movilizaciones

Los secretarios generales, de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (2d), y de UGT, Cándido Méndez (2i), entre otros, en la cabecera de una manifestación convocada por la Cumbre Social. EFE/Archivo
Los secretarios generales, de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (2d), y de UGT, Cándido Méndez (2i), entre otros, en la cabecera de una manifestación convocada por la Cumbre Social. EFE/ArchivoEFE

La Cumbre Social, que integra a 150 organizaciones sindicales y sociales, retoma su actividad para impulsar el debate y la movilización social una vez cumplido un año de su constitución, en julio de 2012.

CCOO y UGT han informado hoy de que la Comisión de coordinación de la Cumbre Social reiterará su "radical oposición" a la privatización o a los recortes de servicios públicos y pedirá a las fuerzas políticas progresistas que se comprometan "llegado el momento" a revertir las leyes que han posibilizado los procesos de privatización.

Señalan que la "insoportable" tasa de paro y la brecha abierta entre la ciudadanía y los poderes públicos siguen "golpeando" los derechos sociales y laborales de los ciudadanos y debilitando la salud de la democracia.

La Cumbre Social expresa su rechazo al recorte del poder adquisitivo de las pensiones al descartar el IPC como indicador de referencia para su actualización y adelantar el factor de sostenibilidad a 2019.

A su juicio, el Gobierno "parece empeñado" en hacer pagar al sistema público de pensiones el ajuste comprometido ante las instituciones comunitarias y financieras.

Además, considera que con la aprobación de la reforma de las administraciones locales, se convierte a los ayuntamientos en "simples oficinas administrativas" con escasa o nula capacidad para intervenir en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran propios.

También reclama una regeneración democrática, que la ley de Transparencia sea ambiciosa, una nueva ley electoral y un compromiso explícito de aprobar medidas para luchar contra la corrupción económica y política, y evitar que los responsables de tales actividades puedan ejercer funciones de representación colectiva u ocupar un puesto en las instituciones del Estado.

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