Argentina defiende en Washington su reestructuración de deuda

El Gobierno argentino defendió esta semana en Washington su derecho a no pagar a los que denomina "fondos buitres" más dinero que a los acreedores que compraron su deuda soberana y aceptaron el canje en las reestructuraciones de 2005 y 2010, tras la suspensión de pagos de 2002.

La embajadora argentina en EE.UU., Cecilia Nahón, denunció el lunes en una conferencia celebrada en el Capitolio que el país sudamericano sufre la presión del "lobby" formado por los "fondos buitres" que pretenden obligarle a remunerar esos bonos a una cantidad superior a la que aceptaron otros compradores.

Nahón envió una carta a los legisladores, a la que tuvo hoy acceso Efe, en la que denuncia que el grupo de presión American Task Force Argentina (ATFA) compró los bonos de "deuda argentina contraída en el mercado secundario con el solo propósito" de llevar después a la nación ante los tribunales y especular con su valor.

"Argentina ha expresado ante las cortes de Nueva York su compromiso para encontrar una solución en la que todos los compradores de deuda sean tratados equitativamente, incluyendo ATFA. Sin embargo, ATFA ha rechazado constantemente las condiciones aceptadas por una mayoría abrumadora de los acreedores porque busca condiciones privilegiadas", argumenta la representante argentina.

Con el fin de "satisfacer su propia codicia financiera, ATFA no dudará en utilizar cualquier medio para difamar a Argentina. Estamos seguros de que los miembros del Congreso de Estados Unidos van a actuar con responsabilidad contra las pretensiones (...) sin escrúpulos de los beneficiarios de la deuda soberana", concluye Nahón.

El Gobierno argentino presentó el pasado 25 de junio un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la decisión de un juez federal estadounidense favorable a los fondos de inversión.

El recurso pretende revertir el fallo de octubre del año pasado del juez federal Thomas Griesa que aseguraba que Argentina había violado los términos contractuales que exigían tratar a todos los tenedores de bonos de forma equitativa.

El mismo tribunal, la Corte de Apelaciones del segundo Distrito en Nueva York, aún no se ha pronunciado, sin embargo, sobre si Argentina deberá pagar los 1.300 millones de dólares que le reclaman.

El próximo día 26 vence el plazo para que otras partes se personen en el caso ante el Tribunal Supremo, según confirmaron hoy a Efe varias fuentes oficiales.

Estados Unidos estuvo considerando solicitar de manera voluntaria al Tribunal Supremo que escuche las alegaciones de Argentina, pero según adelantan varios medios estadounidenses, la Administración Obama ha descartado finalmente esa opción.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría presentar un escrito a favor de Argentina para que el Supremo considere el caso, pero para ello necesita la aprobación de su junta directiva.

El FMI considera que un fallo en contra de Argentina podría tener amplias implicaciones para futuras reestructuraciones de deuda soberana.

Los fondos de cobertura, dirigidos por una empresa controlada por el principal donante del Partido Republicano y el multimillonario Paul Singer, han estado luchando en los tribunales de EE.UU. para obligar a Argentina a pagar lo que, bajo su punto de vista, es valor razonable de la deuda.

Argentina ha alcanzado un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos para pagar una porción de la deuda, pero Singer y otros tenedores rechazan el acuerdo.