Procesados 14 directivos de Afinsa por idear un fraude “piramidal”

El escándalo de Afinsa fue el antecedente de las preferentes. Aunque no sirvió de vacuna. Su negocio se basaba presuntamente en el valor de los sellos que los clientes adquirían cuando suscribían un contrato de inversión por el que recibían suculentos intereses, muy por encima del que ofrecían las entidades financieras. En realidad, se trataba de una estafa piramidal que utilizaba la filatelia como una mera tapadera y que consiguió embaucar a casi 200.000 clientes desde 1998 hasta que fue intervenida en 2006.

Así lo refleja el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que procesa a los catorce máximos responsables de Afinsa por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

El auto cuantifica en 190.022 el número de clientes afectados por la estafa y condena a los procesados a responder por el perjuicio ocasionado que se cuantifica en 1.928 millones de euros, una vez valorados los activos de la sociedad, ya que los contratos de inversión cuando se intervino la sociedad el 9 de mayo de 2006 ascendían a 2.574 millones de euros.

El juez Pedraz se muestra especialmente duro a la hora de calificar la mecánica con la que operaba la alta dirección y el consejo de administración de Afinsa, conocedores de que “su negocio era ruinoso porque carecía de sentido económico y de apoyo legal”.

En este sentido, el magistrado demuestra que los procesados nunca tuvieron ninguna intención de montar un negocio basado en la compra y venta de sellos, sino en la de captar fondos mediante contratos de inversión con altos intereses (hasta el 9% anual) para cuyo pago estaban obligados bien a retenerlos e impedirles que se llevaran el capital, o bien a seducir a nuevos incautos con el fin de repagar a los antiguos clientes con los fondos que aportaban los nuevos. Es decir, un negocio piramidal puro y duro.

“Pese a estas pérdidas, Afinsa mantenía su actividad (reflejando beneficios en sus cuentas) gracias a incrementar de forma piramidal el capital invertido por los clientes y considerando que el capital nuevo que entraba cada año producía unos beneficios que realmente no se producían. A costa de un déficit patrimonial creciente, el crecimiento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio de Afinsa, consiguiendo la liquidez que necesitaba para atender sus compromisos. Para ello, también fue fundamental el esfuerzo de la compañía para contener la salida de clientes y de capital al vencimiento de los contratos”, dice el auto.

De hecho, la actividad filatélica era residual. En un primer periodo, de 1998 a 2003, en el que la compra de filatelia radicó organizativamente en el grupo de negocio Filafinsa, el coste de la filatelia era un 8% del total, su revalorización en un 3,11 %, mientras que el interés garantizado era del 7%. Durante el segundo período, de mediados de 2003 a mayo de 2006, en el que la filatelia estaba en manos del grupo estadounidense Escala Group, los sellos suponían un 7,24% del coste total, se revalorizaron un 2,31 %, mientras que el interés garantizado era del 6%.

Con esa estructura y tan escasa rentabilidad del negocio filatélico, prácticamente todos los fondos captados se destinaban a atender el pago de los intereses y de los compromisos de recompra asumidos en los contratos a medida que vencían. Hasta que el negocio piramidal se derrumbó y no se pudieron atender los pagos

“El engaño a los clientes se basaba, por tanto, en la comercialización de unos sellos sin el valor que Afinsa les atribuía, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía”, indica el juez.

Se constata que los valores filatélicos que aparentemente respaldaban los contratos, “cuando existían —porque no siempre los había—”, no garantizaban ni de forma aproximada el capital que los clientes invertían en los mismos, ya que suponían incluso solo un 0,4% de la inversión. De esta forma, la rentabilidad estipulada desde su inicio en los contratos era independiente de la revalorización de los sellos y se fijaba en función de la duración del contrato, de la forma de cobro elegida y del capital invertido.

Pedraz impone fuertes fianzas a los administradores, consejeros y directivos, a los que acusa además de recibir pagos ocultos procedentes de las distintas sociedades, y adquirir distintos bienes y propiedades que ponían a nombre propio o de sus familiares.

En el auto se considera a Albertino de Figueiredo, presidente del Consejo de Administración desde el inicio y presidente no ejecutivo hasta junio de 2003, y a Juan Antonio Cano Cuevas, vicepresidente del Consejo y consejero delegado hasta junio de 2003 y desde julio de 2003 en adelante como presidente del Consejo, los principales ideadores de esta actividad, desvelada como un “ilícito negocio defraudatorio de carácter piramidal”.

Asimismo, considera responsables o colaboradores necesarios en el fraude a los miembros del Consejo de Administración y otros directivos del grupo societario como Vicente Martín (director general de Sistemas de Inversión), Carlos de Figueiredo (consejero), Emilio Ballester (consejero y director financiero de Afinsa), Joaquín José Abajo (secretario del Consejo y director general Corporativo), Esteban Pérez (consejero y presidente de Escala Group), Ramón Egurbide (jefe de operaciones en Europa de Escala Group), Francisco Guijarro (proveedor de filatelia a Afinsa), Francisco Blázquez (auditor de Afinsa), Gregory Manning (consejero de Escala Group) y Ramón Soler Antich (administrador de Filasyl, una de las empresas del grupo).