El Constitucional permite a Asturias cobrar el impuesto a la banca

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión temporal que había decretado sobre el impuesto a los depósitos bancarios en Asturias, tributo de nueva creación por el que la comunidad autónoma espera recaudar este año 30 millones, informó hoy el Gobierno del Principado.

El TC había suspendido en febrero de forma provisional la aplicación de dicho impuesto a raíz del recurso presentado por la abogacía del Estado por orden del Gobierno central.

Transcurrido el plazo de cinco meses del que disponía el Tribunal para decidir si lo mantenía, el Constitucional ha acordado permitir que se cobre el tributo, si bien no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo del recurso.

El auto señala que los intereses particulares del sector financiero no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos, un razonamiento que "se comparte plenamente desde el Principado", ha señalado hoy el consejero de la Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez, que ha confirmado que empezará a cobrarse en cuanto se dé traslado oficial del auto.

En opinión de Martínez, es "una buena noticia política y presupuestaria para todos los asturianos" que el Tribunal Constitucional levante la suspensión del tributo sobre los depósitos bancarios.

El portavoz del Gobierno asturiano ha incidido también en el hecho de que los magistrados del TC resalten en su decisión la importancia presupuestaria del tributo en las circunstancias actuales de crisis.

"Confiamos en que la decisión final del Constitucional también sea favorable. Mientras tanto, recaudaremos el tributo", ha resaltado el portavoz del Gobierno.

El Principado mantiene abierto un doble frente ante este impuesto, ya que hay un recurso presentado por el Gobierno central contra el mismo, y presentó a su vez otro de inconstitucionalidad en marzo contra el impuesto a tipo cero a los depósitos bancarios establecido por el Ejecutivo estatal.

El Ministerio de Hacienda anunció en diciembre la incorporación de una enmienda a los presupuestos del Estado para establecer un impuesto a tipo cero en toda España sobre los depósitos bancarios.

La decisión se conoció cuando también estaban a punto de aprobarse los presupuestos del Principado, que incluían la creación de ese impuesto en el ámbito regional, como decidió hacer también Cataluña, para sumarse al que ya tenían en marcha en Andalucía, Extremadura y Canarias.