La UE tratará de cerrar la semana próxima la reforma de la Política Agrícola

La Unión Europea (UE) se ha propuesto cerrar un acuerdo político la próxima semana sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), aunque para ello será necesario lograr un consenso sobre importantes puntos como el reparto de las ayudas a nivel nacional.

La reforma de la PAC, que se tramita desde 2011 y que persigue unas prácticas más ecológicas y una distribución de las ayudas más equitativa durante el periodo 2014-2020, llega a la recta final de su negociación entre la Comisión Europea (CE), el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo de la UE (los Estados miembros).

Para conseguir el objetivo que se han propuesto los países de cerrar la reforma antes de final de mes, el Consejo de Ministros de Agricultura, reunido en Luxemburgo, tratará mañana y el martes de adoptar una posición lo suficientemente cercana a la del otro colegislador, el PE, para poder cerrar un acuerdo político definitivo el miércoles.

A ese efecto, la Presidencia irlandesa de turno de la Unión mantendrá desde esta tarde reuniones trilaterales con cada ministro y la CE para escuchar cuáles son las líneas rojas de cada país en la negociación.

El ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que asistirá a la reunión, ya avanzó esta semana que hay muchos temas abiertos que deberán resolverse y que entre los que más afectan a España está el de la "convergencia interna" o cómo se repartirán las ayudas agrícolas a nivel nacional.

España (junto a otros países como Irlanda o Dinamarca) insiste en tener la flexibilidad suficiente para que todos los agricultores mantengan el nivel de ayudas percibido hasta ahora para seguir sacando rentabilidad de sus explotaciones, y que ningún sector entre en pérdidas por razón de la aplicación de esta reforma.

Por el momento, la CE se mantiene firme en su propuesta de que haya un umbral mínimo de convergencia de las ayudas a nivel nacional, que defiende que sea del 75 % del pago medio regional por hectárea (una cifra que España considera demasiado elevada).

Otros asuntos aún por cerrar y vinculados a la convergencia interna son las medidas ecológicas por cuya aplicación los agricultores recibirán hasta un 30 % de los pagos directos, o el porcentaje que podrá dedicarse a ayudas acopladas, aquellas que de forma excepcional están vinculadas a la producción.

España tiene interés en garantizar ayudas acopladas para cultivos como el algodón y el tabaco, según fuentes diplomáticas.

También está por decidir la definición de agricultor activo, agricultor joven y pequeñas explotaciones, y si se les dedicará ayudas de forma obligatoria o voluntaria.

En el apartado de desarrollo rural, que está más avanzado que otros, a España le interesa lograr un buen acuerdo sobre el apoyo al regadío, mientras que en el reglamento sobre la organización común del mercado se debe acordar una fecha para el fin de las cuotas de azúcar (previsto inicialmente en 2015) y una modernización de las autorizaciones de plantación de viñedo.

Por lo que respecta al reglamento horizontal de la PAC, España y otras 18 delegaciones remitieron una declaración al Consejo en la que piden dejar flexibilidad a los países para gestionar las agencias que efectúan los pagos a los agricultores.

En paralelo a las discusiones del Consejo los ministros mantendrán reuniones con los negociadores del Parlamento Europeo, que acudirán a Luxemburgo para tratar de agilizar la consecución de un acuerdo.

Los ministros esperan que tras dos días de intensas negociaciones puedan aprobar un texto que el PE esté dispuesto a aceptar, aunque fuentes comunitarias advirtieron de que sólo se anunciará un eventual acuerdo definitivo en Bruselas, donde las tres instituciones (Consejo, Eurocámara y Comisión) esperan celebrar el miércoles un trílogo final en el que validen el resultado.