La CE propone revisiones obligatorias a las centrales europeas cada seis años

La Comisión Europea (CE) propuso hoy endurecer la normativa comunitaria sobre seguridad nuclear con medidas como implantar revisiones obligatorias a las centrales europeas cada seis años y el establecimiento de nuevos objetivos para evitar riesgos.

"Depende de los Estados miembros decidir si quieren o no producir energía nuclear", señaló el comisario europeo de Energía, Günter Oettinger, que precisó que "hay 132 reactores nucleares en funcionamiento en la Europa actual. Nuestra tarea en la Comisión es asegurarse de que la seguridad se da la máxima prioridad en todos y cada uno de ellos".

Una de las novedades más destacadas es la obligación de que las centrales pasen revisiones formadas por expertos de los otros países europeos (revisiones interpares o "peer reviews") cada seis años para comprobar que se cumplen con los estándares de seguridad.

Al contrario de las conclusiones de la ronda de pruebas de resistencia puestas en marcha por Bruselas a raíz del desastre de la planta japonesa de Fukushima, los países tendrán que cumplir con estas recomendaciones o plantear medidas alternativas para reforzar la seguridad.

De no ser así, una "misión de revisión" viajará al país para estudiar el caso y, en caso de que se concluya que éste está incumpliendo la nuevas exigencias legislativa, la CE podrá abrir un procedimiento de infracción que en último extremo podría conllevar la imposición de una multa al Estado miembro infractor.

La propuesta también plantea el establecimiento de nuevos objetivos y requisitos en cuestión de seguridad, según el borrador del texto al que ha tenido acceso Efe, que en última instancia buscan impedir que en caso de accidente haya fugas de radiactividad que afecten al medioambiente y, por tanto, los ciudadanos.

Bruselas también quiere reforzar la independencia de los reguladores nacionales atómicos, que asumirán poderes como decidir si se prolonga la vida o no de una central nuclear o la concesión de licencias de construcción de instalaciones atómicas, un proceso en el que la nueva directiva establece que se deberá "consultar" a los ciudadanos.

Las decisiones de los reguladores deberán responder solo a criterios técnicos y de seguridad, "no a razones políticas o económicas", según fuentes europeas, y los países tendrán que asegurar para ello que cuentan con los recursos y el personal suficiente para llevar a cabo su tarea.

La propuesta deberá ser analizada por los Estados miembros pero no por el Parlamento Europeo, que solo podrá expresar una opinión no vinculante, y tendrá que recibir el visto bueno de los mismos por mayoría cualificada para su entrada en vigor.

Las fuentes europeas señalaron que aunque el proceso de negociaciones con los Veintisiete está "completamente abierto" a cualquier resultado, para que estos introduzcan cambios o la rechazan, se necesita una decisión por unanimidad.

Esto "hace bastante difícil que los Estados miembros rechacen la propuesta", aunque sí podría crearse una minoría de países que bloqueen su aprobación, lo que llevaría a iniciar un sistema de votación más complicado, previsto en los Tratados.