El fiscal pide 38 años para un empresario acusado de vender falsos contratos

La Fiscalía ha solicitado hoy 38 años de cárcel para un empresario de Gran Canaria al que acusa de haber estafado a decenas de inmigrantes a los que supuestamente vendió falsos contratos de trabajo a sabiendas de que no iban a servir para legalizar su situación en España

El fiscal sostiene que el principal de los tres procesados en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia de Las Palmas, el empresario Juan Domingo L.S., elaboró entre 2007 y 2009 al menos 50 contratos y nóminas "espurias" para regularizar la situación de inmigrantes llegados a las islas, a los que supuestamente empleaba en un bar donde solo trabajaba una camarera, según la Policía.

La acusación pública afirma que Juan Domingo L.S. se aprovechaba "de la situación desesperada" de los inmigrantes y de su desconocimiento de la legislación española para asegurarles que no tendrían problemas en conseguir la residencia a través de esos falsos contratos, a pesar de que le constaba que la Delegación del Gobierno le estaba rechazando la mayoría de sus solicitudes.

A cambio, obtenía entre 400 y 800 euros por inmigrante, algo que Juan Domingo L.S. ha negado durante su declaración ante el tribunal.

Este empresario ha defendido que "nunca" cobró por emitir esos contratos y ha alegado que eran los inmigrantes quienes acudían a él "llorando" y diciendo que estaban en peligro de que los expulsaran.

Por estos hechos, se enfrenta a posible condena de 38 años de prisión por estafa continuada y cinco delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

A preguntas del representante del fiscal, el principal acusado ha admitido, con tono dubitativo, haber hecho trámites en nombre de personas a las que sabía que no iba a emplear realmente porque ni siquiera las autoridades iban a permitírselo, "porque la única solución era que tuvieran contrato de trabajo", pero ha insistido: "No cobré a nadie".

Por su parte, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía que encabezó la investigación ha enmarcado las prácticas que se atribuyen a este empresario en "un fenómeno delictivo que existió en Canarias", consistente en crear empresas ficticias para vender falsos contratos a inmigrantes. Una "actividad que estaba en pleno auge" en la época en la que se produjeron los hechos, ha añadido.

El fiscal sostiene que este empresario grancanario elaboró medio centenar de contratos falsos y acumuló en apenas dos años una deuda de 68.000 euros con la Seguridad Social, al prestarse a dar de alta a inmigrantes que pretendían obtener fraudulentamente el derecho a cobrar ayudas por desempleo.

Según la Fiscalía, el procesado cobraba entre 100 y 150 euros mensuales a esos inmigrantes diciendo que eran para abonar sus cuotas de la Seguridad Social, pero se quedaba luego ese dinero.

Juan Domingo L.S. ha rechazado esas acusaciones, aunque ha llegado a decir que no recordaba "si a alguien le cobró la Seguridad Social", pero matizando que, en caso de que así fuera, lo hizo de forma altruista, para ayudar a gente que conocía por ser cliente de su bar y que quería reunirse con sus familiares.

En este procedimiento penal, también están imputados por un delito de estafa otras dos personas: Enrique A.L. y Lucky O., condenados ambos previamente por delitos de estafa a extranjeros en situaciones similares a las que ahora se juzgan.

Cada uno de ellos se enfrenta a una posible condena de dos años y medio de prisión por estafa.