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EMPLEO DISCAPACIDAD

CiU quiere saber si se cumple la cuota de empleados discapacitados

El grupo de CiU en el Congreso ha presentado una iniciativa para que el Gobierno informe del grado de cumplimiento de la cuota de trabajadores con discapacidad que, según la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), debe ser del 2 % en las empresas públicas privadas con 50 o más trabajadores. EFE/Archivo
El grupo de CiU en el Congreso ha presentado una iniciativa para que el Gobierno informe del grado de cumplimiento de la cuota de trabajadores con discapacidad que, según la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), debe ser del 2 % en las empresas públicas privadas con 50 o más trabajadores. EFE/ArchivoEFE

El grupo de CiU en el Congreso ha presentado una iniciativa para que el Gobierno informe del grado de cumplimiento de la cuota de trabajadores con discapacidad que, según la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), debe ser del 2 % en las empresas públicas privadas con 50 o más trabajadores.

La proposición no de ley de CiU, que se discutirá en la próxima Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad, insta al Ejecutivo a "presentar en el plazo de dos meses los informes que sean necesarios para evaluar el grado de cumplimiento de esa cuota de reserva".

Según CiU, aunque el mandato legal existe desde 1982, hoy en día aún no se conoce el grado de cumplimiento de ese porcentaje.

Además recuerda que la Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas obliga al Gobierno a presentar un informe anual ante la Cámara baja sobre el nivel de cumplimiento de estas cuotas.

En un comunicado, argumenta asimismo que la Reforma Laboral dispone que a partir de su entrada en vigor y en el plazo de doce meses el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, con el objetivo de establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y al mantenimiento de un empleo de calidad para estas personas.

Todo ello deberá hacerse -señala- teniendo en cuenta a las comunidades autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

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