Segundo plan de pago a proveedores recoge deudas de autonomías con municipios

El Gobierno solicitará a las comunidades autónomas que incluyan en el segundo plan de pago a proveedores la deuda que tienen pendiente con los ayuntamientos para que pueda ser abonada, ha afirmado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Durante su intervención en un coloquio sobre la administración local organizado por la entidad tributaria SUMA, de la Diputación de Alicante, Beteta ha subrayado que "será el último" plan de este tipo, después de que el primero destinara 27.000 millones de euros, a los que se sumaron 2.684 millones más con una dotación adicional para las facturas anteriores al 1 de enero de 2012.

Tras este segundo plan, que saldrá "en pocos días" mediante Real Decreto-Ley, y en consonancia con la ley de transparencia y de estabilidad presupuestaria, "aquel gestor público que gaste sin tener crédito liquido presupuestario incurrirá en responsabilidad", ha añadido el secretario de Estado.

Se trata, ha agregado Beteta, de "ajustar el gasto, saber que no se puede gastar lo que no se tiene y pagar lo que se contrata y a 30 días, como dice la ley".

En cuanto a la reforma de la Administración Local, el secretario de Estado ha remarcado la premisa de "una administración, una competencia", y ha calificado de "audaz y moderno" el documento de racionalización de las administraciones públicas que el pasado 15 de febrero presentó el ministro de ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En concreto, el Consejo de Ministros dio luz verde aquel día al informe sobre la reforma municipal, que incluye una nueva ley de racionalización de la administración local y fija baremos en los Presupuestos Generales del Estado para el sueldo de los alcaldes y empleados públicos.

A su juicio, este instrumento "desterrará una de las grandes lacras: las denominadas competencias impropias y las duplicidades" al poner fin "al absurdo de que una competencia sea ejercida por las tres administraciones de forma simultánea".

"Los reiterados impagos de las administraciones locales y autonómicas exigen un clarificación competencial", ha dicho Beteta, quien ha apuntado la apertura de una transitoriedad para que las comunidades, entre otros objetivos, asuman aspectos relacionados con la educación y la sanidad (cinco años).

"Ordenar que cada uno tenga su competencia, que el que tenga que pagar un convenio que lo pague y el que presta el servicio que lo cobre, pues ese pago genera crecimiento económico", ha añadido.

Según ha expuesto, la ley de transparencia, que "supone un compromiso de país", regula aspectos "controvertidos", como los sueldos de alcaldes y ediles, reduce el número de concejales con dedicación exclusiva y elimina "muchas, muchas empresas públicas".

"Es el momento que el mundo local dé una paso adelante, concretando su actividad, su cercanías y proximidad", ha manifestado Beteta, quien ha destacado que "los españoles quieren servicios de calidad, prestados de forma eficaz y eficiente, y que la ley establece como obligatorios".

Asimismo, ha aseverado que se trata de una norma que "no obliga a privatizar nada".

"Creemos en lo público, aquello que es sostenido con fondos públicos, y será cada institución, en uso de su autonomía y bajo los principios de eficacia y eficiencia", la que decidida, según ha apuntado, "cuál es la técnica de gestión más adecuada para la prestación del servicio y atendiendo al equilibrio financiero".