El martes termina el plazo para declarar los bienes en el extranjero

El próximo martes concluye el plazo para que los contribuyentes suministren a Hacienda información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados y que estén valorados en más de 50.000 euros.

Se incluyen todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras, así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información, que sólo se puede hacer por internet, llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros.

Además, el incumplidor estará sometido a fuertes penalizaciones (con multas de hasta el 150 % de la cuota de liquidación) en tanto que la renta descubierta será considerada como ganancia patrimonial injustificada, con lo que pasa a consignarse en el último ejercicio fiscal no prescrito.

La cuota defraudada posiblemente sea constitutiva de delito fiscal, lo que supondría la remisión del expediente a Justicia.

Fuentes de Hacienda han señalado a Efe que estos días están recibiendo numerosas consultas sobre esta declaración de bienes extranjeros, sobre todo, de residentes extranjeros que viven en la costa española y que se interesan sobre cómo les puede afectar la norma.

Hacienda incide en que no se trata de un nuevo impuesto y de que no se persigue de forma especial el impacto recaudatorio, sino que con ello se pretende hacer un seguimiento ante la posibilidad de existencia de fraude fiscal.

En cualquier caso, uno de los objetivos es "ensanchar" las bases imponibles sujetas al pago de impuestos, lo que implica poder recaudar más en los ejercicios fiscales posteriores.

El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, ha defendido esta medida adoptada por el Gobierno y ha considerado que puede ser muy eficaz en la lucha contra el fraude.

En declaraciones a Efe, Pérez Boga ha admitido que tampoco hay que ser tan ingenuos como para pensar que los defraudadores van a declarar sus bienes en el extranjero.

A este respecto, se ha mostrado a favor de las contundentes sanciones que acarrea el incumplimiento de la ley, ya que, en su opinión, esto puede hacer que los contribuyentes opten por hacer la declaración.

Pérez Boga ha señalado que habrá personas que tenían "ganada" la prescripción de posibles delitos que ahora cambia al modificarse el régimen.

Entre los inconvenientes de la medida, ha destacado que la norma afecta al 80 % de los bienes pero deja fuera otros, "como el de un yate que esté a nombre de una sociedad en el extranjero o el de que haya mucho dinero en efectivo depositado en una caja de seguridad en Suiza".

Asimismo, ha incidido en otro punto negativo como es el hecho de que la declaración sólo se pueda hacer por internet y que su formulario sea bastante complejo.

Por su parte, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, advierte de las consecuencias "muy graves" que puede acarrear el que no se declaren los bienes y derechos en el extranjero y subraya, al igual que Pérez Boga, que no es sencillo rellenar el modelo 720.

A este respecto, subraya que si no se informa, los bienes y derechos tendrán la consideración de ganancias no justificadas de patrimonio sin que se pueda invocar la prescripción.

Del Amo incide en que deben declarar personas que se fueron a trabajar al extranjero y luego han vuelto o los extranjeros que se han quedado en España y se han nacionalizado.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) afirma que la norma no supone un ataque fiscal para los extranjeros que residen en España, ya que la obligación de información se extiende a todos los residentes en nuestro país, sean nacionales o extranjeros.

También augura que con esta información de bienes en el extranjero se reducirá una parte significativa del fraude.