La deuda de Pescanova se acerca a 4.000 millones de euros

Cuando Pescanova reconoció en septiembre de 2012 que tenía 1.522 millones de euros de deuda a corto y largo plazo, estaba en realidad enseñando solo la punta del iceberg. Pese a que todavía no ha publicado su balance revisado de 2012 tras reconocer que mantenía una doble contabilidad, la pesquera ha empezado a dibujar a sus acreedores un mapa de pasivos más realista. La empresa dice ahora que acumula 1.850 millones de euros de deuda en su matriz; otros 350 millones de euros en sus filiales españolas; y entre 650 y 700 millones en las filiales extranjeras que consolidan. Además, la deuda por sus bonos supone otra deuda de 400 millones de euros aproximadamente. A lo que hay que sumar los compromisos con proveedores y Administración, que disparan la cifra hasta cerca de 4.000 millones de euros, según fuentes financieras.

Pescanova no ha cifrado a sus acreedores las deudas comerciales o con entidades públicas. En las cuentas de 2011, las últimas auditadas, reconocía que adeudaba 487 millones a proveedores a corto plazo y “otras cuentas a pagar” por valor de 132,3 millones de euros. Es decir, 619,3 millones en total. La empresa reconoció en marzo a las entidades bancarias que necesitaba unos 50 millones para seguir al día con sus pagos habituales y fuentes cercanas a la empresa señalan que las compras por conceptos como el pienso para sus piscifactorías pesaban los últimos meses en la tesorería de la firma.

Damm reveló el viernes que su participación ya no es del 6,18% en la compañía, sino del 6,2%

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra declaró oficialmente la pasada semana el concurso de Pescanova. En el auto, por el que además apartaba al presidente Manuel Fernández de Sousa y al resto de la cúpula de la empresa, no se decía sin embargo cuál era la deuda declarada por la compañía. Sí que se dejaba constancia de que la compañía había entregado una memoria económica, que cinco días después había corregido, con un alza de 88 millones en su pasivo. Pero el juez no reveló las cifras globales.

El control de la compañía está ahora en manos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El organismo presidido por Elvira Rodríguez ha decidido confiar en las grandes auditoras para aclarar el embrollo. Mientras que Deloitte será el administrador concursal, KPMG trabaja como auditor forense revisando toda la contabilidad. Según fuentes cercanas a esta labor, la firma se ha comprometido a enviar antes del 24 de mayo un informe preliminar sobre el estado de la compañía, que ha comenzado a colaborar “fluidamente” en la entrega de documentación.

Las entidades acreedoras han visto con buenos ojos la salida de Fernández Sousa de la dirección. La CNMV está recibiendo además, según fuentes financieras, una fuerte presión por parte de sociedades de inversión extranjeras, ya que fueron a ellas a las que se dirigieron las últimas emisiones de bonos de la empresa. En febrero de 2012 la compañía sacó al mercado 160 millones en bonos al 8,75% de interés y admitidos a negociación en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Dicha emisión recibió el visto bueno de todas las autoridades, lo que hizo a muchos inversores de fuera de España animarse a comprar.

Por otra parte, Damm reveló el viernes que su participación ya no es del 6,18% en la compañía, sino del 6,2%. La cervecera comunicó a la CNMV que había comprado un pequeño paquete de acciones en enero, para redondear su participación. La adquisición se realizó el 2 de enero, cuando los títulos estaban a 14,3 euros. La compra se hizo coincidiendo con el periodo en el que el presidente, Fernández Sousa, estaba vendiendo acciones a espaldas del mercado, lo que le permitió ganar 32,5 millones de euros.