Sector financiero: regulación y crédito

La crisis financiera internacional puso en cuestión la fortaleza de muchas entidades de crédito en todo el mundo, de forma que las cuestiones relacionadas con el capital ocuparon un lugar destacado en la agenda regulatoria.

De hecho, en estos días está terminando su tramitación la nueva Directiva sobre Requerimientos de Capital (CRD IV), que incorporará al derecho europeo los acuerdos de Basilea III en materias tan importantes como el capital, la liquidez o los límites al endeudamiento de las entidades.

Junto a ello, en todo el mundo se ha desarrollado un intenso esfuerzo de recapitalización y saneamiento de las entidades de crédito.

Sin embargo, una vez que en Europa en general y en España en particular se ha producido un paulatino fortalecimiento de la solvencia del sector financiero, y se han ido despejado las dudas sobre algunas entidades, es hora de pensar en la contribución de los bancos al crecimiento de la economía.

Para mantener su capital, los bancos pueden optar, básicamente, por dos estrategias (o por una combinación de ambas): la primera consiste en la prudencia extrema, de modo que reduzcan drásticamente su inversión crediticia y pasen a atesorar esos activos escasos —y muy valiosos— que son el capital y la liquidez. De hecho, aunque los bancos no quisieran adoptar esa estrategia, la contracción actual de la demanda de crédito solvente no hace sencilla otra opción.

Alternativamente, los bancos pueden tratar de fortalecer su capital a través de una mejora en su cuenta de resultados, desarrollando su actividad más propia: la concesión de crédito a familias y empresas. Si consiguieran hacerlo en condiciones adecuadas respecto del coste actual de la financiación, esta sería, sin duda, la mejor alternativa para ellos por cuanto mejoraría su margen y su cuenta de resultados, que constituyen “la primera línea de defensa del balance”.

Para el resto de la sociedad, el que los bancos opten por la segunda estrategia resulta, también, de la mayor importancia. Para la recuperación de la economía y del empleo debería garantizarse que los proyectos empresariales de éxito puedan acceder al crédito en condiciones razonables, y, por cierto, similares en toda la eurozona.

La pregunta es si todos los instrumentos al alcance de los poderes públicos se están alineando de forma que se favorezca la concesión de crédito o si, por el contrario, la regulación que se ha ido implementando en estos años, y la que se anuncia, puede dificultar la recuperación del crédito.

No es una cuestión nueva. Los acuerdos que constituyen Basilea III contenían un calendario de implementación paulatina que trataba de compatibilizar la recapitalización de las entidades con la recuperación de la economía. Sin embargo, esos calendarios se han acelerado por decisiones de los reguladores nacionales y por la presión de los mercados.

Los bancos son agentes económicos racionales y, como tales, desarrollarán, en su propio beneficio, la actividad que les es propia (la concesión de crédito) si todos los elementos condicionantes se alinean en esa dirección y no en otra.

Para que puedan hacerlo se precisa una cierta recuperación de la economía (y también de la confianza) que aumente la demanda de crédito solvente. La primera obligación de un banquero es proteger sus depósitos, y no puede ponerlos en peligro con la concesión de crédito de forma imprudente.

En este sentido, las estrategias que se están desarrollando para apoyar la concesión de crédito desde los agentes públicos (fundamentalmente el ICO), limitando el riesgo soportado por las entidades, constituyen un instrumento de la mayor importancia, al menos en un primer momento.

Pero también la regulación tiene que ayudar a que la recuperación del crédito se produzca y, para ello, sería importante que el crédito prudente y adecuadamente concedido —que lo hay— no solo fuera mejor tratado sino, incluso, estimulado. Aunque es cierto que diferenciar crédito bueno y malo no siempre es fácil, la regulación y determinadas medidas que nos llegan desde Europa —y algunas decisiones recientes que se están adoptando en España— no parecen suficientemente alineadas con las necesidades de nuestra economía.

Una palabra, en este sentido, a propósito de la polémica sobre los desahucios y la dación en pago “general y retroactiva”, como ahora se la llama, y también sobre las decisiones que se anuncian desde algunas comunidades autónomas respecto de viviendas desocupadas propiedad de las entidades de crédito: al margen de las dudas jurídicas que puedan suscitarse, y que son relevantes, debemos preguntarnos si estas iniciativas pueden tener un efecto beneficioso para la concesión de crédito o, más bien, lo contrario.

Esto es especialmente evidente en el caso del crédito con garantía hipotecaria. Su recuperación parece una condición necesaria para la reactivación del sector inmobiliario y del conjunto de la economía española. Por ello, deberíamos prestar atención a los efectos de las normas que puedan adoptarse sobre ese flujo, vital para el correcto funcionamiento del mercado inmobiliario y para la creación de empleo.

Además, no hay que olvidar que el acceso al crédito en buenas condiciones también constituye, en cierto modo, una política social. J

Francisco Uría es socio responsable del sector financiero de KPMG en España.