Las Comunidades piden mejoras en ganadería y en reparto de ayudas en la reforma de la PAC
![Fotografía facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del ministro Miguel Arias Cañete. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/5OJ4TRLZ5KSMFHV2KZJCHFNC3E.jpg?auth=62667ec35e168d6023878081ee3a270686cc74de0f8ebd8bf10d01de8127e275&width=414)
Las comunidades autónomas han solicitado hoy mejoras para la ganadería, el reparto de ayudas, el desarrollo rural y el sector hortofrutícola en las negociaciones de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas a excepción de Madrid han celebrado hoy el Consejo Consultivo sobre Política Agraria y Pesquera.
El objetivo de la reunión ha sido preparar el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará el lunes en Luxemburgo, en el que se abordará el estado de las negociaciones para la reforma de la PAC.
Entre los asuntos analizados en el Consultivo están la decisión de la Comisión Europa de proponer un ajuste de 1.471 millones de euros en los pagos directos que recibirán los agricultores europeos procedentes de la PAC en 2014 para cuadrar el presupuesto para ese año.
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Andalucía, Luis Planas, ha rechazado esa rebaja, que ha cifrado en un 5 %, y ha pedido al ministro que se oponga a ella.
Para Andalucía, dentro de la PAC, es "importante" que en las ayudas al desarrollo rural -"más allá de la definición de pymes"- también puedan beneficiarse las agrupaciones de productores y las cooperativas, pues con las normas actuales no se puede, y ha demandado que el algodón entre dentro de los pagos directos.
Por su parte, el consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, ha afirmado que para esta autonomía lo "más importante" es que se regulen los contingentes y precios de referencia para las importaciones de frutas y hortalizas, porque afectan a los acuerdos con terceros países (Marruecos).
Cerdá ha añadido que en la reforma de la PAC "todo está en el aire" y que hay consejeros que quieren incluir sectores dentro de los pagos, pero ha advertido que si entrara un sector se descontaría de otro.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Modesto Lobón, ha detallado que se ha "asumido" el compromiso de intentar que en la ganadería extensiva -a su juicio, "la gran pagana de la reforma"- la declaración de superficie esté adosada a una carga ganadera mínima, para evitar fomentar la figura del "agricultor de sofá".
En cuanto al porcentaje de reducción para 2014, Lobón ha afirmado que "aún hay mucha oscuridad" sobre este asunto, si bien "queda claro" que esa medida no afectará los productores que cobren menos de 5.000 euros.
La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha subrayado que el porcentaje de ayudas acopladas a la ganadería y mantener la cuota de remolacha son dos de las principales preocupaciones de su comunidad en el debate de la PAC.
Clemente ha solicitado que se reúna el grupo de trabajo que debe marcar las líneas para la aplicación de la PAC en España y ha mostrado su sorpresa ante el anuncio de la Comisión Europea de ajustar los pagos directos que recibirán los agricultores en 2014, "un mecanismo que nunca se había usado".
Su homóloga en Castilla La Mancha, María Luisa Soriano, ha valorado que en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea y en el Parlamento Europeo se hayan alcanzado acuerdos "paralelos" a los defendidos por España.
Soriano ha recordado que resta que la Comisión "acepte" estas medidas, que palían parte de los efectos del "reglamento nefasto desde el que partíamos", aunque quedan aspectos que le preocupan como "qué va a pasar con la ganadería, sobre todo la sin tierra".
La conselleira del Medio Rural y Mar del Galicia, Rosa Quintana, ha destacado que, en estos momentos finales de debate, "todo es importante", aunque "no hay novedad" respecto a la posición que se acordó entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, y que se ha defendido en Europa.
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