El PSOE pide la retirada del plan de racionalización del transporte ferroviario
![Fotografía facilitada por Renfe de la estación madrileña de Chamartín. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/L5NZN4APFY7FZKICQZBEZPJ64A.jpg?auth=cc8f40f5941db691b15974ad773ed5f39dbfc7dcb5f2b787da132eee87b81ceb&width=414)
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a retirar el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, aprobado en el Consejo de Ministros, para su debate en la Comisión de Fomento.
Al mismo tiempo propone "iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con el objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público del transporte ferroviario atienden adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial".
Según el grupo socialista, dicho plan, diseñado por el Ministerio de Fomento, "va a suponer un recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario, que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración de nuestro territorio".
Con este plan, Fomento ha diseñado un recorte de los servicios de media distancia que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público, atendiendo al criterio general de declarar como tal todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 %, "lo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas", ha advertido el PSOE.
En su opinión, la supresión de servicios ferroviarios de viajeros y el cierre de estaciones afectará principalmente al medio rural e "impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril, tanto regional como de media distancia, como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos que muchas veces no tiene otras alternativas".
El grupo socialista ha hecho hincapié en que el plan se está llevando a cabo sin el consenso de comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, suscitando "un importante rechazo".
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