Rasquera, un pueblo marcado por la marihuana

Rasquera es hoy el pueblo tranquilo que había sido siempre, antes de que el plan anticrisis que proponía promover plantaciones de cannabis a gran escala en el municipio situara a esta villa de 900 habitantes en primera línea informativa.

La glorieta, nombre con la que se conoce la primera plaza que se encuentra al entrar en el pueblo es hoy, como siempre ha sido, centro de tertulias entre pequeños grupos de hombres.

La presión mediática de hace un año les ha convertido en recelosos hacia los medios, pero romper el hielo con algunos saludos cordiales les anima a hablar, tanto a partidarios como a detractores del proyecto.

"Ya ves. Todo muy bien por aquí. Gracias a la marihuana ha entrado mucho dinero. ¿No lo ves? Mira si ha servido el eco mediático que nos hemos hecho todos ricos", suelta en un tono burlón un hombre sentado en uno de los bancos.

Desde la distancia mira esta escena otro vecino, claramente a favor del proyecto. "Ante de la duda, hacía falta probarlo. Y creo que si los políticos lo quieren, finalmente todo esto tirará adelante", explica.

"Yo, en parte, veo mal que Bernat (Pellisa) deje de ser alcalde porque ha hecho muchas cosas buenas para el pueblo, pero entiendo que está hasta la coronilla", afirma, por su parte, Josep Múrria, que se ha animado a hablar con los periodistas sin temor a identificarse.

El acuerdo del municipio con la asociación cannábica ABCDA para que el ayuntamiento les cediera unos terrenos donde plantar marihuana y obtener a cambio 1,3 millones de euros en dos años sacudió por completo la vida del pueblo y de sus ciudadanos.

A muchos de los habitantes les cuesta todavía entender qué se planteaba y cómo, hasta el punto de que acabaron centrando el debate en la figura de su alcalde, Bernat Pellisa, y el referéndum del 10 de abril de 2012 acabó siendo así un plebiscito sobre su figura.

El 57 % de los vecinos que fueron a votar mostraron su apoyo a la propuesta de Pellisa, pero el alcalde había prometido previamente, convencido de que obtendría un apoyo muy amplio, que abandonaría la alcaldía si no obtenía un 75 % de los votos.

Tras esto, la dimisión de Pellisa, sin el cual no se hubiera entendido nunca este proyecto, se debe hacer efectiva el próximo 14 de junio, por las fiesta mayor de Rasquera.

"No es un paso atrás para huir del tema. Es una cuestión ya de salud, no puedo continuar llevando la presión que he tenido durante este tiempo", manifiesta el alcalde, que continúa: "No haré como hizo (José María) Aznar, que designó a su sucesor: la persona que tiene que hacerlo debe dar un paso adelante y yo me pondré a su disposición. Colaboraré para que el proyecto tire adelante".

Pero nadie sabe qué pasará después de esto con el proyecto cannábico, no solo porque su principal impulsor -junto con el abogado Martí Cànaves- ya no estará al frente, sino porque el pulso con los tribunales continúa abierto y la dilatación del proceso en el tiempo puede hacerlo caer en el olvido.

"El 28 de marzo pasado solicitamos a la Fiscalía que procediera al archivo de las diligencias informativas. No hay ningún motivo para incoar unas diligencias porque no se ha cometido ningún delito", explica por su parte Cànaves.

Un año después de aquel terremoto, Pellisa manifiesta que "el ayuntamiento ha luchado, lucha y luchará por su plan anticrisis".

"Nos dijeron que vendíamos humo, pero hemos demostrado con hechos que no era así", prosigue el alcalde consciente de que está "investigado y reinvestigado y que si hubieran encontrado algo ilegal, me hubieran fundido".

A la espera del 'milagro' de la marihuana, Rasquera ha tenido durante este tiempo que "actualizar sus impuestos", reformar el catastro y pedir 1,8 millones al Estado, con los cuales ha conseguido "estabilizar la situación" de uno de los pueblos más endeudados de la provincia de Tarragona.

Ahora, el consistorio quiere trasladar este debate al Parlamento catalán y reclama también que las poblaciones y ciudades que acogen estos clubes canáabicos den la cara.

Más allá de los debates, el plan de Rasquera tiene su futuro en el tribunal contencioso administrativo de Tarragona y su dictamen, sea positivo o no, acabará sentando un precedente que trascenderá mucho más allá de las calles de este pequeño pueblo.