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EMPRESAS PESCANOVA

Pescanova calcula que en diez días presentará en el juzgado la declaración del concurso

Vista general de la Junta General de Accionistas del grupo de empresas Pescanova. EFE/Archivo
Vista general de la Junta General de Accionistas del grupo de empresas Pescanova. EFE/ArchivoEFE

Pescanova presentará en un plazo aproximado de diez días la declaración de concurso voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, y entre tanto recopila toda la documentación necesaria, entre ella el inventario de bienes y derechos de la compañía con la estimación de su valor real actual.

La multinacional gallega justifica la solicitud del concurso sin agotar los tres meses que tenía de plazo para intentar alcanzar un acuerdo de refinanciación con sus acreedores en que cuanto más se demorase esta decisión, mayor sería el deterioro de su situación financiera y también el riesgo de liquidación de la sociedad.

Pescanova resalta en una nota que estudios económicos y jurídicos consultados advertían de una "correlación directa" entre el retraso en la solicitud de concurso y una mayor probabilidad de la liquidación de la sociedad, frente a la alternativa de continuidad de la misma mediante un convenio con sus acreedores.

No había, por tanto, "incentivo alguno" para Pescanova en tratar de agotar el plazo de tres meses a partir de la solicitud del preconcurso, de ahí que el consejo de administración adoptara esta decisión en su maratoniana reunión extraordinaria del 4 de abril, con el voto en contra de cinco de sus doce consejeros.

En aquella reunión también se acordó presentar ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la solicitud de revocación del nombramiento del auditor BDO, lo que se producirá "en los próximos días", al estimar que existe "justa causa" para hacerlo, señala el comunicado de la compañía.

Entre otras razones, Pescanova alude a que BDO presentó el 26 de febrero de 2013 un informe al comité de auditoría y una carta de recomendación al consejo con opinión preliminar "limpia" un día antes de la celebración del consejo de administración para formular las cuentas anuales de 2012.

Entonces, el auditor reconoció que no necesitaba más documentación significativa, pero después del hecho relevante comunicado por Pescanova a la CNMV el pasado 12 de marzo, en el que reconocía un desfase entre el pasivo y la cantidad reclamada por los bancos, la solicitó.

Pescanova considera que BDO ha perdido "la independencia exigible al auditor" y se encuentra en "un conflicto de intereses" al querer defender su actuación profesional y su responsabilidad frente a su cliente.

Por eso, el consejo de Pescanova acordó contratar, con carácter inmediato, un "forensic" realizado por una de las cuatro grandes firmas mundiales de auditoría.

Pese a la demanda que Pescanova prepara contra BDO, esta compañía sigue siendo su auditor hasta que el magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra se pronuncie sobre la revocación que ha solicitado la empresa gallega.

Fuentes de BDO han indicado a Efe que "se ratifica en el trabajo realizado y estudia, a la vista de las circunstancias, las diferentes acciones a tomar", tanto administrativas como legales.

Entretanto, el grupo que preside Manuel Fernández de Sousa Faro tiene de plazo hasta este viernes para presentar las cuentas del segundo semestre de 2012, ya que la CNMV ha comunicado que la información que le ha enviado al igual que la complementaria es "incompleta e insuficiente".

Fernández de Sousa Faro remitió a la CNMV unas cuentas que no habían sido formuladas por el consejo de administración, ni contaban con la valoración provisional de su auditor BDO.

Dicho auditor aseguró en el consejo extraordinario de la pasada semana que una serie de documentación que habían requerido no se les había facilitado, por lo que por ello no había realizado esa valoración.

Una de las incógnitas a despejar es, precisamente, cómo se entregarán las cuentas del grupo Pescanova, para las que habría que convocar otro consejo extraordinario -que en estos momentos no está convocado- y cuyos miembros deberán pronunciarse sobre si las firman o no.

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