Aciertos y desaciertos de la reestructuración bancaria

El sector bancario español ha experimentado una profunda reestructuración que ha sido necesaria para corregir los desequilibrios acumulados en la anterior etapa de expansión: la red de oficinas y el empleo se han reducido un 14% y un 13%, respectivamente, desde sus niveles máximos; el censo de cajas de ahorros ha caído a menos de la tercera parte; se han aprobado 13 reales decretos leyes que afectan al sector; se han reconocido pérdidas y realizado saneamientos por importe equivalente al 20% del PIB español; han aumentado los niveles de solvencia de todas las entidades; se han transferido a la Sareb (banco malo) los activos tóxicos de los bancos con ayudas públicas, etcétera.

La estrategia llevada a cabo para reestructurar el sector presenta varios aciertos: a) condicionar la concesión de ayudas públicas del FROB al cumplimiento de un plan de viabilidad para reducir la capacidad instalada. Eso ha permitido realizar en España un ajuste superior al que ha tenido lugar en otros países; b) incentivar la bancarización de las cajas de ahorros para permitirles captar capital de calidad. Esto es algo que se logró tanto con la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro, que les permitió crear bancos, como con el incentivo de la Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero, que exigía más capital a las entidades que no tuvieran al menos un 20% de capital privado, y c) aumentar la transparencia informativa para identificar los bancos con problemas.

Pero el balance del camino recorrido también permite identificar varios desaciertos e incluso claros errores:

El diagnóstico de la crisis fue equivocado, lo que afectó a la efectividad de las medidas aprobadas. Se mantuvo durante demasiado tiempo la tesis de que la banca española solo presentaba problemas de liquidez, llegándose a afirmar que teníamos el sector bancario más solvente del mundo. Era una visión fruto de minusvalorar tanto la intensidad como la duración de la crisis, lo que llevó a pensar que las provisiones anticíclicas acumuladas en el pasado serían suficientes para afrontar pérdidas. Grave error que ha demostrado que esas provisiones deberían haber sido más exigentes, como reconoció el propio gobernador del Banco de España, Luis Linde.

No se inyectó capital público a tiempo, algo que entonces era posible, dada la capacidad del Tesoro para emitir deuda pública a tipos razonables. De 2008 a 2010, el apoyo público en forma de capital a la banca española ascendió al 1,2% del PIB, porcentaje muy reducido en comparación con la UE-27 (3,3%), Alemania (4,5%), Holanda (4%) o Reino Unido (7,3%), por poner algunos ejemplos. Conviene recordar que el FROB, creado en 2009, nació con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, ampliable hasta 99.000 millones, por lo que el problema no era de disponibilidad de fondos.

La refinanciación de los bancos no es despreciable. No extrañaría que Bruselas exija nuevas provisiones

Recapitalizar sin sanear. Antes de los dos RDL de febrero y mayo de 2012 no se exigió un saneamiento profundo de los activos relacionados con el sector inmobiliario, sino que se optó por elevar los requerimientos de capital. Más capital no implica más solvencia si hay saneamientos pendientes.

Las fusiones no son la solución cuando las entidades fusionadas todas tienen problemas. Es evidente que los SIP han sido en algunos casos un estrepitoso fracaso viendo la situación actual de esas fusiones: BFA-Bankia ha tenido que ser nacionalizada prácticamente al cien por cien tras una inyección de 22.424 millones de euros de fondos públicos; Unnim fue adjudicada por un euro al BBVA; Banca Cívica acabó en manos de Caixabank, dada la imposibilidad de afrontar en solitario los saneamientos exigidos. Y en el resto de SIP también ha sido necesario conceder ayudas públicas: 1.645 millones de euros a BMN y 124 millones de euros a Liberbank. En las fusiones no frías (muchas intrarregionales, a la defensiva, para que los Gobiernos regionales no perdieran su control) tampoco han sido la solución a los problemas de las cajas involucradas: en Catalunyacaixa, con una inyección de fondos públicos de 12.052 millones de euros, el FROB ha tenido que suspender el proceso de venta; la falta de ofertas atractivas es un mal precedente que puede afectar a la próxima subasta prevista de NovaGalicia, que ha contado con 9.052 millones de euros de ayudas públicas; CEISS, que recibió 525 millones de euros del FROB, tiene un valor económico negativo de 288 millones de euros y su posible integración con Unicaja está pendiente de aprobación por la Comisión Europea.

Seguir a ultranza el principio “Sin coste para el contribuyente”, minimizando la utilización de fondos públicos, puede retrasar la salida a la crisis y hacer más caro el coste final. Se ha utilizado esta estrategia con la utilización de la línea de crédito del fondo de rescate, y mucho me temo que se ha vuelto a utilizar con la Sareb, donde existe un claro conflicto de intereses que va a retrasar la venta de sus activos para evitar que la banca sana reconozca más pérdidas en sus balances. Si minimizar los fondos públicos supone no despejar la duda de la calidad de los balances bancarios, eso puede retrasar aún más la necesaria recuperación del crédito.

La solución del caso Bankia y el retraso en el reconocimiento de su problema han supuesto un punto de inflexión en la reestructuración del sector bancario cuya solución afectó a la credibilidad del Banco de España y abocó al Gobierno a pedir el rescate bancario. Pasar en pocos días de tener beneficios a tener que reformular sus cuentas con pérdidas millonarias y a tener que solicitar 22.424 millones de euros de ayudas afectó negativamente a la imagen de la totalidad del sector bancario español, como ha reconocido el exgobernador del Banco de España.

Reconocimiento tardío y con cuentagotas de los problemas. El mejor ejemplo de esta estrategia es la gestión de la morosidad que puede estar oculta en las refinanciaciones. Conviene recordar que fue el FMI quien en marzo de 2012, en sus conclusiones preliminares del programa de evaluación del sistema financiero, apuntó hacia la posible existencia de morosidad enmascarada, lo que obligó al Gobierno a aprobar en mayo de ese año el RDL 18/2012, que exigió aumentar las provisiones de los créditos inmobiliarios con riesgo normal. El Banco de España, siguiendo las directrices del MoU, ha obligado a las entidades a publicar datos de los créditos refinanciados. Pues bien, los datos aportados muestran que el importe de lo refinanciado no es despreciable (en torno al 12% en el negocio en España), por lo que no sería de extrañar que Bruselas exija nuevas provisiones, máxime teniendo en cuenta que el MoU impone reevaluar el marco actual de provisiones.

En resumen, gracias a la reestructuración llevada a cabo tenemos un sector bancario más solvente y saneado y que ha corregido gran parte de los desequilibrios acumulados en el pasado, pero que se enfrenta a retos importantes, sobre todo los derivados del incierto escenario macroeconómico. Afortunadamente, siempre se aprende de los errores del pasado, por lo que confiemos en no tropezar dos veces en la misma piedra.

Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, investigador del Ivie y colaborador del CUNEF (Twitter: @JMaudos).