Hunosa abre acciones penales contra Grupo Alonso por el carbón desaparecido

El Consejo de Hunosa decidió este miércoles iniciar acciones legales contra el Grupo Victorino Alonso por la desaparición de más de 500.000 toneladas de carbón de la hullera pública que se encontraban en sus instalaciones.

Así lo ha asegurado hoy el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado.

Nadal ha apuntado que la minera pública inició las mediciones periciales "en cuanto se detectó la posibilidad de que hubiera una reducción importante de la cantidad de carbón" depositada y que el grupo minero Alonso "no siempre ha colaborado".

Hunosa ya avanzó el pasado febrero que presentaría una querella criminal por apropiación indebida o por estafa contra el Grupo Victorino Alonso (Uminsa y CMC -Unión Minera del Norte y Coto Minero Cantábrico -) por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros tras la desaparición de 528.000 toneladas de carbón del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC).

El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 del gobierno central por la que se autorizaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente.

Hunosa firmó 15 contratos con nueve empresas mineras para adquirir más de tres millones de toneladas de carbón y que quedó almacenado en una veintena de depósitos de Palencia, Asturias y León.

Con respecto al futuro de la minería del carbón, Nadal ha insistido en que "la voluntad" del Gobierno es "garantizar su supervivencia" más allá de 2018, que es el límite que fija la Unión Europea para la subvención del carbón.

Así, ha recordado que se ha abierto una mesa de diálogo con el objetivo de "mantener vivo" el carbón "dentro del marco que fija" la Unión Europea.

Nadal ha considerado que "repetir el decreto de restricciones (por el que se obliga a las eléctricas a quemar ciertas cantidades de carbón nacional) es imposible" y que es necesario aplicar "algo más cercano al precio del mercado".

Ha añadido que la negociación será "delicada", en especial cuando "hay una empresa clave en la parte eléctrica" cuyo "Consejo de Administración está en otro país", en referencia a Endesa, por lo que "no son las mejores condiciones para negociar".

Nadal ha insistido en que la necesidad de "hacer un acuerdo como Dios manda", que sea "lo más equilibrado posible", al tiempo que ha apuntado la urgencia de "comunicar un plan de cierre coherente a Bruselas lo antes posible" y de ofrecer un marco a los trabajadores.

Además, ha defendido que "no hay ninguna política" para retirar las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras y que en una situación de restricción presupuestaria como la actual, esta partida se ha visto afectada al igual que las demás.

Al mismo tiempo, ha anunciado que la intención del Gobierno es que "si en algún momento se produce una reducción ordenada de la producción en algunas unidades", los fondos que estaban destinados a ella se destinen "íntegramente a apoyo territorial y social".

Por lo que respecta a las ayudas pendientes del pasado año, Nadal ha defendido que "no es decisión del Gobierno si una subvención se puede dar", sino que esto depende de la legalidad, que en este caso establece que dichas ayudas no se pueden abonar mientras no se salden las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.