Los jueces recurren a la mediación como resquicio legal para parar los desahucios

El estrecho margen de maniobra que la ley hipotecaria española dejaba a la justicia, antes de la sentencia europea, ha obligado a muchos jueces a buscar resquicios legales como la mediación para suspender desahucios, una vía aún incipiente y de inciertos resultados, según varias fuentes consultadas por Efe.

El pasado jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en una sentencia que la normativa española de ejecución hipotecaria es contraria a la legislación europea, a raíz de una cuestión que le planteó el titular del juzgado mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, por lo que ahora los jueces podrán impedir desahucios si creen que existen cláusulas abusivas.

Este magistrado no ha sido el único en buscar resquicios legales para sortear una legislación hipotecaria que dejaba nulo margen de actuación a los jueces, obligados hasta ahora por ley a ejecutar los desahucios que exigían las entidades financieras en caso de impago.

Desde que el pasado noviembre la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) pidiera la suspensión de todos los procesos de ejecución hipotecaria y jueces decanos de toda España exigieran una humanización de la ley, han sido varias las iniciativas de magistrados catalanes para buscar alternativas a los desahucios.

Aunque no están contabilizadas por ser aún una tendencia incipiente, desde principios de año el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña ha recibido varios casos remitidos por jueces que instan a la entidad bancaria y al propietario a llegar a un acuerdo que impida el desahucio, según fuentes del Departamento de Justicia, que valora de forma positiva ese tipo de iniciativas.

Uno de esos casos es la mediación promovida por el juzgado de primera instancia número 4 de Arenys de Mar (Barcelona), que hace un año envió a mediación a Unnim S.A. y a un moroso cuyo desahucio había suspendido en noviembre de 2012 para buscar un pacto, según una resolución a la que ha tenido acceso Efe.

La entidad recurrió contra esa alternativa, pero la juez la ha enviado de nuevo a mediación tras recordar a Unnim S.A. Unipersonal su adhesión voluntaria al código de buenas prácticas que el Gobierno promovió en marzo de 2012 y que obliga a flexibilizar la deuda.

En su auto, el juez reprocha a la entidad financiera que no haya efectuado un estudio económico para determinar si el inquilino está en riesgo de exclusión, como es el caso, sino que tampoco "consta que le haya ofrecido las vías de reestructuración de la deuda hipotecaria o flexibilización de la ejecución".

En una iniciativa similar, la titular del juzgado de primera instancia número 52 de Barcelona envió a mediación a Bankia y a un discapacitado al que la entidad financiera quiere desahuciar para que pacten "soluciones imaginativas" que el juzgado no puede imponer unilateralmente, como la dación en pago, el alquiler social, la reducción del crédito o la aprobación de una moratoria.

Mientras el juez de Arenys apelaba al código de buenas prácticas de la banca, la de Barcelona invocaba una directiva europea sobre créditos que se aprobará en dos meses, y ambos aludían a los cambios ocurridos en la "realidad social" a raíz de la crisis y a las "posturas reformistas que políticamente se debaten", para resistirse a ordenar el desahucio de personas en riesgo de exclusión.

De momento, según el Departamento de Justicia, no ha prosperado ninguno de los casos de desahucio enviados a mediación, una alternativa que la PAH apoya, pero de la que desconfía por ser voluntaria, vista la renuencia de las entidades financieras a avenirse a pactar, afirma a Efe su portavoz, Eva Corredoira.

La PAH teme que la mediación instigada por la justicia obtenga tímidos resultados dados los precedentes del servicio de intermediación Ofideute, programa en el que Cáritas y técnicos de la Generalitat tratan, por separado, con entidades bancarias y propietarios para llegar a acuerdos que impidan perder la vivienda.

La intermediación, un proceso extrajudicial en el que -a diferencia de la mediación- ambas partes no llegan a sentarse en la misma mesa para negociar, sólo es viable durante la tramitación del proceso y antes de la subasta de la vivienda.