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REFORMA PENSIONES

El Ministerio de Empleo cifra en 5.000 millones el ahorro que supondrá su reforma de pensiones

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, hoy en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa ofrecida tras la reunión del Consejo de Ministros, hoy en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.EFE

El Ministerio de Empleo ha cifrado en unos 5.000 millones de euros, de aquí a 2027, los menores costes que tendrá que soportar el sistema de la Seguridad Social después de que haya aprobado hoy endurecer el acceso a las jubilaciones parcial y anticipada.

Según han explicado fuentes de Empleo, en el caso de la jubilación parcial el coste menor al que habrá que hacer frente será de unos 2.400 millones hasta el 2027, que es cuando la edad legal de jubilación habrá pasado definitivamente de los 65 años actuales a los 67 y todas las medidas de la reforma laboral de 2011 estarán implantadas totalmente.

Para las fuentes consultadas este ahorro va a ser muy "significativo".

En cuanto a las nuevas medidas que afectan a la jubilación anticipada y la compatibilización de la pensión con un salario, las fuentes han cifrado en más de 2.000 millones el impacto que tendrán.

No obstante, las fuentes han destacado que son medidas difíciles de ajustar económicamente, porque dependerá del número de personas afectadas o que compatibilicen trabajo y pensión.

Las fuentes han destacado también que a los autónomos se les abre la jubilación anticipada voluntaria y el que puedan compatibilizar pensión y salario.

En cuanto a los coeficientes reductores (penalizan los retiros antes de la edad legal) que se aplican a la jubilación anticipada se mantiene, como se aprobó en la reforma de 2011 y que entró en vigor en enero, el que su computo sea trimestral y no anual como se hacía hasta ahora.

Las fuentes han indicado al respecto que esto se hace para evitar diferencias apreciables entre las distintas carreras de cotización.

En cuanto al factor de sostenibilidad, en el real decreto ley se mandata al Gobierno a que en un mes, tras su entrada en vigor, cree un comité de expertos independientes para ver la posibilidad de regularlo y enviar su informe al Pacto de Toledo.

Para las fuentes la norma no es fruto de la actuación unilateral del Gobierno porque ha surgido del "intenso" debate que ha mantenido con los partidos políticos y los agentes sociales.

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