Toxo ve "muy importante" la decisión del Tribunal europeo sobre desahucios

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, dijo hoy que la decisión del Tribunal de Justicia europeo sobre la ley hipotecaria española es "muy importante" y expresó su deseo de que el Gobierno español "no descafeine la iniciativa legislativa".

"Ahora está por ver si el debate en el Parlamento español en relación con la iniciativa legislativa popular (ILP) y la propia propuesta de reforma que planteó el Gobierno se compadece con el sentido de la sentencia", señaló Toxo.

El líder de CCOO hizo estas apreciaciones al término de la Cumbre Social Tripartita con los presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, este jueves en Bruselas, antes del inicio de una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

Unas horas antes, el Tribunal de Justicia de la UE determinó que las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.

"Es moralmente insostenible una ley hipotecaria que condena a la gente (...) a la pérdida incluso del hogar familiar en situaciones en las que ya ha perdido el empleo, la capacidad de pagar la hipoteca, y mientras los bancos se siguen lucrando a costa del sufrimiento de la gente", valoró Toxo.

El secretario general de CCOO, que participará esta tarde en una manifestación de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas, mostró asimismo su deseo de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no descafeine la Iniciativa Legislativa Popular" que pretende poner fin a la práctica de los desahucios.

El pasado 12 de febrero, la ILP que busca implantar en España la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias, recibió el apoyo suficiente para ser tramitada en el Congreso de Diputados, tras conseguir el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Esta ILP, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos, organizaciones vecinales y ONGs, también pide que el afectado por un desalojo pueda continuar en su vivienda como arrendatario durante cinco años pagando una renta que no supere el 30% de sus ingresos mensuales.