Partidos y movimientos sociales exigen la reforma urgente de los desahucios

Partidos políticos y movimientos sociales han coincidido hoy en celebrar la sentencia que declara contraria a la normativa comunitaria de protección de los consumidores la legislación española sobre desahucios y han instado al Gobierno a adaptar cuanto antes la ley hipotecaria a las exigencias de Europa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado hoy contrario al Derecho de la Unión la ley española por impedir a los jueces adoptar medidas cautelares, como suspender la ejecución de una hipoteca, si considera que alguna de las cláusulas del contrato firmado entre el cliente y el banco es abusiva.

Ante esta decisión, la reacción de los partidos y movimientos sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha sido inmediata en el Congreso de los Diputados, donde actualmente se tramita un proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y una iniciativa legislativa popular sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.

Al Gobierno "no le queda más opción que cambiar la ley", ha dicho frente al Congreso la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que ha abogado por "la paralización de todos los procedimientos -de desahucio- que están en curso"

Colau ha subrayado que "la ciudadanía ha tenido demasiada paciencia" y ha instado al Ejecutivo "a rectificar aunque sea tarde", al tiempo que ha señalado que se están planteando "reclamar acciones jurídicas al Gobierno" por la situación que han sufrido las "personas afectadas" de "inseguridad jurídica profunda".

"Esta sentencia nos da la razón, que había cláusulas abusivas en la legislación que es preciso cambiar", ha asegurado por su parte la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, que ha emplazado al Ejecutivo a establecer una moratoria automática de todos los desahucios que procedan de cláusulas abusivas.

En el mismo sentido la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha instado al Gobierno a que modifique de urgencia, si es necesario por la vía del decreto, la legislación española para adaptarla a las recomendaciones de la sentencia europea, de forma que "nadie más quede desprotegido".

Para Izquierda Unida, la sentencia europea es una "victoria" de los movimientos sociales y ahora "la pelota está totalmente en el tejado del Gobierno", ha dicho el diputado Alberto Garzón, mientras que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, ha considerado que la sentencia ha "desautorizado brutalmente" al Gobierno y al PP.

Ha resaltado que, a partir de ahora, las personas desahuciadas podrán argumentar el contenido de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo ante los tribunales españoles y tendrán más mecanismos de defensa.

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha resaltado que la sentencia obligará a una reforma de la legislación española, que a CiU le gustaría que también modificase la ley concursal, para que la "persona física pueda beneficiarse de los mismos requisitos que comporta un concurso de acreedores para una sociedad jurídica, es decir, para una empresa".

"El Gobierno tendrá que legislar al respecto y aplicar esa sentencia a la legislación, y eso no es de hoy para mañana. Veremos cómo el Gobierno intenta resolver la necesaria adaptación de la legislación a lo que ha dicho el tribunal europeo", ha emplazado el parlamentario catalán.

El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha celebrado la sentencia, porque confirma que la legislación española "está hecha en función de los intereses" de las entidades financieras y no de los de la ciudadanía, mientras que el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha destacado que, a partir de ahora, "va a ser imposible que se ejecuten automáticamente" los embargos.

Aunque el plazo de enmiendas de la proposición de ley de regulación de la dación en pago, paralización de los desahucios y de alquiler social acaba mañana, fuentes de los grupos parlamentarios dan por hecho que se ampliará unos días más para dar tiempo a introducir las recomendaciones de la sentencia del tribunal europeo.