El juez pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si debe investigar las nuevas querellas del FROB

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe admitir a trámite las siete nuevas querellas que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presentó ayer contra la antigua cúpula del Banco de Valencia.

Fuentes jurídicas han informado hoy de que el magistrado ha abierto siete piezas separadas, una por cada querella, en las que el FROB acusa a varios exresponsables de la entidad valenciana por gestión desleal de la que se pudieron beneficiar varios empresarios, contra los que también se dirigen los escritos.

La interposición de estas acciones penales contra la antigua cúpula de Banco de Valencia fue aprobada en la reunión del pasado jueves de la junta rectora del FROB, administrador único de la entidad, con la que pretende recuperar el máximo capital posible de los 4.500 millones que tuvo que inyectarle y que fueron destinados a sanear el agujero causado por estas operaciones.

Se dirigen contra los máximos directivos del Banco de Valencia, especialmente el exconsejero delegado Domingo Parra, que aparece como querellado en todas ellas, así como contra varios empresarios que se beneficiaron en diversas operaciones de financiación o créditos otorgados por la entidad.

Además, en una de ellas denuncia las irregularidades de una operación inmobiliaria conjunta entre el Banco de Valencia y Bancaja Hábitat valorada en 300 millones, por la que se ha querellado contra los exdirectivos de ambas entidades José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo.

Pedraz instruye esta causa desde el pasado junio, cuando el FROB denunció por primera vez a los antiguos responsables de la entidad por estafa, apropiación indebida y administración desleal.

La denuncia se dirigía, principalmente, contra Domingo Parra, Aurelio Izquierdo y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.

De acuerdo con este escrito, Parra intervino en una serie de operaciones "de dudosa racionalidad económica" al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio del Banco de Valencia, al que provocó un agujero cercano a los 137 millones de euros.

Entre esas operaciones, destacaba la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financieras Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial, en la que han participado de forma relevante, como autores o partícipes, ciertos integrantes de la familia Calabuig.