El tribunal de la UE confirma multas del Feder a Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) confirmó hoy las multas impuestas por la Comisión Europea (CE) a España en 2009 y 2010 por irregularidades en el uso de los fondos de desarrollo regional asignados a Andalucía, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.

En una sentencia publicada hoy, la máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos presentados por el Gobierno español contra las sanciones, que reducen en 219 millones de euros las ayudas regionales asignadas a Andalucía, en 115 millones las de la Comunidad Valenciana y en 27 millones las del País Vasco.

El tribunal confirmó así las tres decisiones del Ejecutivo comunitario, que suponen la devolución de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) inicialmente concedidas cada una de estas autonomías por infracciones cometidas entre 1994 y 1999, explicaron fuentes judiciales.

En los casos de Andalucía y Valencia, los fondos correspondían al período 1994-1999, y se integraban en el "Objetivo 1" del Feder, destinado al ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas.

Por su parte, las ayudas del programa operativo "País Vasco" correspondían al período 1997-1999 y pertenecían al "Objetivo 2" o reconversión económica de las zonas industriales en declive.

Con motivo de las auditorías para el cierre de dichos programas, la Comisión seleccionó determinados proyectos a efectos de control, y apreció "numerosas irregularidades" en las muestras algunas de ellas "recurrentes", según las mismas fuentes.

Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE sobre contratación pública, como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de obras complementarias sin realizar una nueva licitación.

También se detectaron casos de adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares, así como la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE, entre otras infracciones de las normas aplicables en el ámbito de los Fondos estructurales.

Después de tratar el asunto con las autoridades españolas, la Comisión decidió reducir la ayuda del Feder concedida para los programas operativos de cada una de estas tres comunidades, extrapolando al conjunto de éstos los "errores sistemáticos" que consideraba haber detectado al examinar las muestras.

España presentó tres recursos contra dichas decisiones ante el Tribunal General.

Aunque no negó la existencia de las irregularidades en los diferentes proyectos concretos que forman parte de la muestra, las autoridades españolas argumentaron que la CE no puede realizar mediante extrapolación las correcciones financieras que la normativa prevé.

El Tribunal ha rechazado estos argumentos, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.

Así, la corte de Luxemburgo considera que la reducción de la ayuda financiera de la Unión puede llevarse a cabo después de la extrapolación de los errores apreciados al programa operativo en su totalidad, y ha decidido desestimar los tres recursos presentados por España.