El Gobierno Vasco considera que pasar al Parlamento el debate fiscal abre la discusión del autogobierno
El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Ricargo Gatzagaetxebarria, advierte de que abrir el debate sobre el traspaso al Parlamento autonómico de las competencias fiscales abriría una discusión "estructural" sobre todo el autogobierno de Euskadi.
Gatzagaetxebarria, en una entrevista con Efe, se refiere al debate sobre si las competencias tributarias deberían pasar de las juntas generales de los tres territorios históricos a la Cámara de Vitoria, tal y como propone el PSE-EE.
Recuerda que es la disposición adicional de la Constitución que actualiza los derechos históricos, el Estatuto de Gernika y la Ley de Concierto la que sustenta el sistema institucional que, a su juicio, debe seguir como está.
"El Parlamento Vasco puede debatir absolutamente de todo pero donde se decide es en las juntas generales", sentencia.
El consejero explica que si se abre ese debate es para acometer una "reforma estructural y profunda" sobre eso y "muchas más cosas", como la representación de cada territorio en el Parlamento, el "derecho a decidir, las relaciones bilaterales" con el Estado o las garantías del autogobierno ante el Tribunal Constitucional.
"Sería un cambio profundo en el que cada partido plantearía diferentes cuestiones que en el actual marco, del Estatuto y el Concierto, a su juicio, deberían cambiar", añade.
Gatzagaetxebarria ha apuntado que algunas de estas cuestiones serían el ámbito vasco de relaciones laborales, la capacidad para aprobar una legislación laboral propia y la gestión de la Seguridad Social, entre otras.
Por ello, insiste, si se constituye un foro o una ponencia específica en el Parlamento sobre el autogobierno ahí entraría todo esto, porque las competencias fiscales son una materia "nuclear" de ese autogobierno vasco.
También anuncia una próxima reunión con el Gobierno central para negociar la liquidación del Cupo 2008-2012 y la nueva ley quinquenal y que, en el "buen cauce" de relación con el Ministerio que está convencido que va a haber, se llegará a un acuerdo en torno a la discrepancia sobre los 800 millones que separan a los dos gobiernos.
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