Los consumidores lamentan la nula autocrítica por parte del sector bancario

En plena reforma hipotecaria y mientras prepara el arbitraje de las preferentes de Bankia, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, denuncia la nula autocrítica del sector bancario y un sistema legal laxo ante los directivos que causan perjuicios económicos.

"Aquí somos absolutamente laxos para los grandes gestores y no lo somos para el pobre señor que no ha gestionado bien su hipoteca". "Me parece bien lo planteado en Alemania", dice en una entrevista con EFE, en referencia al proyecto de ley aprobado esta semana por el Gobierno de Berlín que regula las actividades de bancos y aseguradoras y prevé sanciones económicas y penas de cárcel.

Según explica Sauquillo, la propuesta legislativa hecha en España sobre la honorabilidad de los gestores prevé más circunstancias eximentes ante actuaciones que comprometen la economía de muchas personas, cuando en su opinión debería, como mínimo, obligar a devolver el dinero, que el directivo responda con sus bienes y pueda ser inhabilitado.

Para atajar esta situación, el CCU apuesta por crear una sección dentro de la fiscalía que actúe en defensa de los intereses colectivos de los particulares.

Los casos de comercialización irregular de productos financieros, las cláusulas hipotecarias abusivas o la problemática de los desalojos de viviendas se multiplican en plena crisis económica y tienen una atención creciente por parte de la ciudadanía y de las asociaciones de consumidores.

Sauquillo pide de forma urgente "una moratoria de, al menos, tres años (uno más de lo fijado en la ley vigente) y paralizar todo el proceso de ejecución hipotecaria desde el principio", y no solo la fase de expulsión de la vivienda, denominada técnicamente lanzamiento, como estipula el real decreto que aprobó el Gobierno el pasado noviembre.

En el procedimiento actual, el deudor inmerso en una ejecución hipotecaria tiene que afrontar los gastos del proceso, los intereses de demora, pierde la propiedad si su vivienda llega a la fase de subasta y continúa debiendo dinero a la entidad, explica.

La presidenta del CCU, que esta semana expuso en la Comisión de Economía del Congreso sus demandas ante los grupos parlamentarios, cree que en España hace falta una ley de quiebra familiar para que quienes están muy endeudados puedan exponer ante un juez o un sistema de arbitraje su posición como deudor.

"En el fondo se trata de hacer como ocurre con las empresas, ver qué situación tienen para intentar sacarla adelante. Que el deudor pueda reflotar y afrontar sus deudas y que el banco lo facilite", resume.

Sauquillo echa en falta entre las entidades de crédito "corresponsabilidad" y "autocrítica" ante comportamientos que han conducido hasta esta situación. Concede que falta "formación financiera" entre la población, pero censura que los bancos se limiten a decir que "todo está bien" y el sistema hipotecario funciona correctamente.

En cuanto a la comercialización irregular de participaciones preferentes de Bankia, asunto sobre el que el PP y el PSOE han acordado recientemente un proceso de arbitraje, Sauquillo expresa su preocupación, porque muchos afectados se quedan fuera y no puedan recuperar su dinero.

Según el pacto entre los dos partidos, el CCU forma parte de una comisión de seguimiento que decidirá el perfil de cliente que puede optar al arbitraje junto a representantes de organismos como la CNMV, el Banco de España, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Tesoro y las consejerías autonómicas.

Sauquillo, que califica el acuerdo como un documento "de mínimos", muestra su temor ante la posibilidad de que ese perfil de inversor excluya a muchos afectados por las preferentes y que el arbitraje cierre la vía de reclamación judicial para quienes queden fuera de él.

"No hay que marcar líneas ni descartar a nadie para que entre en el arbitraje (...) y lo que hay que plantear en esa comisión el primer día es unos criterios objetivos y que en ellos entre el mayor número de personas", afirma.

En el asunto de las preferentes Sauquillo cree que "hay que partir de que ha habido un engaño" y luchar para que los afectados "recuperen el cien por cien del dinero invertido".

A pesar de todo, la presidenta del CCU valora la adopción de un procedimiento de arbitraje y extrajudicial porque evita que quienes fueron engañados tengan que soportar el gasto de tasas judiciales.